El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso este martes medidas de coerción contra cuatro profesionales de la medicina y una alcaldesa pedánea, señaladas en un caso de presunta falsificación de actas de defunción para beneficiar un esquema de fraude dirigido por Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva desde hace tres meses.
La decisión judicial ordena presentación periódica los viernes de cada mes y prohibición de salida del país durante el proceso penal. Además, el expediente fue declarado caso complejo, lo que amplía los plazos de investigación a cargo del Ministerio Público.
El expediente detalla que Mendoza se hacía pasar por familiar directo de las víctimas, presentándose en centros de salud y generando confianza en el personal médico mediante su condición de paciente diabético. Así, lograba que se emitieran certificados de defunción con causas inexistentes como enfermedades crónicas.
El Ministerio Público señala como colaboradoras a las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, así como a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta, quien habría emitido certificaciones falsas sobre supuestos decesos en su comunidad.
Las autoridades documentaron 48 pruebas documentales, 10 testimoniales y 28 materiales, que vinculan a las imputadas con Mendoza. Entre los hallazgos, se identificaron al menos siete víctimas directas y al Estado dominicano como víctima institucional.
El esquema se nutría, principalmente, de personas en condiciones de vulnerabilidad económica que recibían beneficios de programas sociales como Tarjeta Solidaridad y Supérate, equivalentes a RD$2,100 mensuales.
Mendoza les ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, y cuando estas no podían pagar, las declaraba falsamente fallecidas para consumar su maniobra fraudulenta.
La investigación continúa abierta mientras el tribunal mantiene las restricciones a las imputadas y confirma que el proceso seguirá bajo seguimiento especial debido a la magnitud de los daños ocasionados al sistema registral dominicano.
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