El gobierno de Estados Unidos acaba de hacer un anuncio que
cambiará el acceso a empleos altamente calificados. A partir del 21
de septiembre de 2025, las empresas tendrán que pagar
100,000 dólares al año por cada solicitud o
renovación de la visa H-1B, utilizada para contratar profesionales
extranjeros en áreas donde escasean trabajadores locales.
Esta tarifa supera enormemente los costos anteriores, que iban
desde 1,500 hasta 4,500 dólares según el tamaño de la empresa y el
tipo de trámite. Ahora contratar talento del extranjero será un
compromiso económico mayor para compañías en tecnología, ciencia e
ingeniería. El objetivo es proteger empleos y salarios de
trabajadores estadounidenses, reduciendo los incentivos
para importar empleados de otros países independientemente de su
especialización.
¿Qué es la visa H-1B y a quién afecta este pago
obligatorio?
La
visa H-1B es un permiso temporal que permite a empresas
estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para posiciones
especializadas cuando no hay suficientes candidatos locales
calificados. Normalmente, los empleadores usan este mecanismo para
traer ingenieros, desarrolladores de software, científicos, médicos
y profesionales en puestos técnicos.
Cerca de tres cuartas partes de quienes obtienen esta visa
provienen de India, aunque el programa también es fundamental para
talentos de otros países de Asia, Europa y Latinoamérica. Durante
los últimos años, las compañías de tecnología y outsourcing han
sido los mayores usuarios de H-1B, dándole a las firmas
estadounidenses acceso a habilidades donde el mercado interno se
queda corto.
Con la nueva cuota de 100,000 dólares anuales,
la dinámica laboral cambia drásticamente. La obligación recae en el
empleador que patrocina la visa y no sobre el trabajador en sí,
aunque en la práctica esto puede limitar las opciones para
profesionales extranjeros y sus familias que esperan un empleo en
Estados Unidos.
Muchas empresas medianas y pequeñas podrían verse desanimadas de
participar en el programa debido a los altos costos. La medida
golpea principalmente a quienes buscan aplicar desde fuera de
Estados Unidos y a quienes requieren renovar o transferir su visa.
Algunos podrán recibir exenciones si sus empleos se consideran de
interés nacional, pero la mayoría enfrentará este nuevo muro
económico.
Detalles de la nueva política: costos, razones y
consecuencias
Antes de esta regulación, las empresas estadounidenses pagaban
tarifas que rara vez superaban los 5,000 dólares por trámite H-1B,
dependiendo del tamaño de la firma y la cantidad de solicitudes.
Ahora el piso sube a 100,000 dólares cada año por
persona patrocinada, una diferencia de más de veinte veces.
La visa H-1B permite a empleados extranjeros permanecer y
trabajar en Estados Unidos por hasta seis años
(tres renovables por otros tres). Si el empleador decide mantener a
ese trabajador durante todo el período máximo, terminaría pagando
hasta 600,000 dólares por cada visa solo en
tarifas anuales, sin contar otros cargos adicionales.
Adicional al costo principal, se suma un cobro menor llamado
Visa Integrity Fee de 250 dólares para residentes
temporales. Esta medida busca prevenir fraudes y fortalecer la
revisión de solicitudes, aunque parece mínima al lado de la cuota
principal.
El gobierno justifica el cambio alegando la necesidad de
defender el mercado laboral nacional. La administración busca
frenar lo que considera abusos en el sistema H-1B, donde algunos
empleadores reemplazan personal local por fuerza laboral extranjera
de menor costo. El aumento, según las autoridades, desincentiva a
las compañías que usan el programa en exceso, forzándolas a
considerar candidatos estadounidenses antes de mirar al
extranjero.
Este ajuste trae ondas sísmicas para el sector tecnológico y de
investigación. Firmas acostumbradas a contratar talento
internacional rápido y a precios razonables verán ahora barreras
fiscales que limitan su competitividad global, sobre todo frente a
empresas de otros países que no imponen costos semejantes. En
paralelo, la medida podría reducir el flujo de expertos extranjeros
en áreas consideradas estratégicas, justo cuando la economía
mundial se acelera en innovación y ciencia.
Los empleadores tendrán que mostrar prueba de pago al
Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional
antes de recibir la aprobación de la
visa. Si no cumplen, la solicitud quedará bloqueada. Mientras
tanto, se reajustan las normas para priorizar peticiones de quienes
ganan salarios más altos o tienen perfiles más especializados.
Aunque el plan incluye posibles excepciones para trabajadores
cuyos roles sean considerados de interés nacional, la gran mayoría
de las aplicaciones, renovaciones y transferencias se enfrentarán
al nuevo cobro anual. La reacción de empresas y expertos legales ya
anticipa desafíos judiciales que podrían prolongarse durante años,
creando más incertidumbre para quienes dependen de este
sistema.