Quito. – La Corte Constitucional de Ecuador suspendió este sábado el decreto con el que el presidente Daniel Noboa buscaba convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna y endurecer las leyes contra el narcotráfico.
La decisión, de carácter temporal mientras el tribunal evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la alta corte, que en los últimos meses ha frenado varias iniciativas del mandatario por considerar que vulneran derechos fundamentales.
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“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos”, señaló el tribunal en un comunicado, en respuesta a las críticas y protestas masivas encabezadas por Noboa contra sus magistrados.
El jefe de Estado había propuesto el miércoles crear una Constituyente a través de consulta popular, con 80 miembros electos en las urnas en noviembre, para redactar una nueva Carta Magna que imponga normas más severas frente al crimen organizado.
Ecuador, que durante años fue considerado un país de relativa paz en la región andina, experimenta un incremento alarmante de violencia: en los últimos seis años los homicidios crecieron más de 600%, en medio de la expansión de bandas vinculadas al narcotráfico.
En paralelo, el Parlamento —con mayoría oficialista— aprobó en junio una reforma constitucional sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, pendiente de referéndum para su ratificación.
En una carta difundida por la Presidencia, Noboa defendió la necesidad de la Constituyente como un mecanismo para “devolver el poder al pueblo” y superar lo que calificó como un “secuestro institucional”. También acusó al “activismo político” de intentar bloquear su propuesta por temor al respaldo ciudadano.
“El proceso deberá ser definido en las urnas. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador”, sostuvo el mandatario, insistiendo en que la soberanía reside en el pueblo.
Noboa también solicitó al Tribunal Constitucional un dictamen sobre cuatro posibles reformas a la actual Carta Magna: contratación laboral por horas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, reducción del número de asambleístas y establecimiento de controles políticos sobre los jueces de la propia corte.
Con la suspensión provisional del decreto, el futuro de la iniciativa presidencial queda en manos del máximo tribunal, que deberá resolver en los próximos meses el pulso político más delicado de la actual administración.