@abrilpenaabreu
El Consejo Económico y Social acaba de presentar su Informe Final sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Un documento extenso, con seis ejes temáticos, 26 líneas de acción y más de 150 propuestas.
Suena ambicioso. Sin embargo, cuando uno lo revisa con detenimiento, surge una pregunta inevitable: ¿qué hay aquí que no se haya planteado antes?
El control tecnológico de la frontera, la modernización de Migración, la formalización del comercio bilateral, la construcción de zonas francas en la frontera, la inversión en comunidades fronterizas… todo esto ya está en las leyes, ya fue prometido o incluso está en ejecución parcial. No estamos ante un plan novedoso, sino ante la reiteración de lo que llevamos décadas escuchando.
Esto nos lleva a la raíz del problema: no es falta de diagnósticos ni de propuestas, es falta de cumplimiento. Lo que falta no es legislación, sino voluntad política y empresarial para hacer valer las normas que ya existen.
Porque el verdadero motor de la migración descontrolada no está en la debilidad de nuestras leyes, sino en la complicidad de quienes demandan mano de obra barata: empresarios que se benefician del trabajo informal y un Estado que mira hacia otro lado. Esa es la razón por la que, pese a todos los planes y promesas, la realidad no cambia.
El CES ha producido un documento que busca consenso, pero la verdad es que el país necesita menos papeles y más acciones. Menos diagnósticos y más aplicación de la ley. Mientras eso no ocurra, cualquier informe —por bienintencionado que sea— quedará como un ejercicio de retórica, útil para las estadísticas, pero inútil para resolver el problema de fondo.