Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las amenazas de sometimiento judicial por supuesta difamación contra su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, anunciadas por la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
Las advertencias de Ortiz Bosch se produjeron luego de que ADOCCO denunciara que la funcionaria habría incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de la querella presentada el 2 de octubre de 2023 contra el entonces ministro de Educación, Ángel Hernández, por supuestamente omitir en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una compañía de la comunidad conyugal que adquirió un inmueble valorado en 31 millones de pesos mientras se encontraba en el cargo.
La organización de la sociedad civil reiteró que no se dejará amedrentar por la respuesta de la titular de Ética Gubernamental.
“El propósito de amedrentarnos con la respuesta anunciada públicamente por la ex vicepresidenta bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? no lo va a lograr. Esperaremos el sometimiento, con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado”, expresó ADOCCO.
Asimismo, anunció que iniciará gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que detenga “cualquier despropósito del poder” en su contra, alegando que la directora de la DIGEIG es una funcionaria de alta influencia en el gobierno que podría afectar la independencia del proceso.
Querella ante el PEPCA
ADOCCO recordó que tras el archivo de la denuncia por parte de la DIGEIG, sometió ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella formal contra el exministro Ángel Hernández por presunta omisión y ocultamiento en su declaración jurada de bienes de su principal activo familiar: la empresa Constructora Playa Morón.
De acuerdo con la entidad, la compañía fue registrada en enero de 2022 y constituida en marzo del mismo año, siete meses antes de que Hernández fuera designado ministro de Educación. Posteriormente, en septiembre de 2022, la empresa adquirió un inmueble de 7,854.74 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, por RD$31,095,000.
ADOCCO señaló que el precio referencial de una propiedad de estas características en la zona supera los cuatro millones de dólares, y que la ausencia de gravámenes en el registro sugiere que la compra fue realizada en efectivo. La organización cuestiona que los ingresos reportados por el exministro y su esposa no corresponden con una adquisición de tal magnitud.
Violación a la Ley 311-14 y al régimen de Lavado de Activos
La entidad anticorrupción argumenta que la omisión de esta empresa en la declaración jurada de bienes constituye una violación a los artículos 5 y 8 de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Por ello, solicitó formalmente al Ministerio Público que acoja la denuncia, identifique a los posibles cómplices y recaude las pruebas pertinentes para presentar acusación penal en contra del exministro.