El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha considerado este martes al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una “dictadura”, tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
Moraes también se ha mostrado convencido de la culpabilidad de otros siete prisioneros juzgados junto con Bolsonaro, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal. El relator no ha llegado a proponer penas, que podrían sumar unos 40 años de prisión y serán discutidas en otras sesiones que la Primera Sala del Supremo tiene previsto realizar hasta el viernes.
El juez ha recibido los cargos formulados por la Fiscalía General, que ha acusado a Bolsonaro y los otros reos de cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido. Según la Fiscalía, la trama tenía como objetivo “perpetuar” a Bolsonaro en el poder tras los comicios de octubre de 2022, en los que aspiraba a la reelección pero fue derrotado por el progresista Lula.
De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas incluso tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes, que serían ejecutados por seis oficiales del Ejército.
Un golpe preparado desde 2021
Durante unas cinco horas, Moraes ha hecho un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022. Ha citado decenas de declaraciones públicas del entonces presidente, que ya en esa época tildaba de “canallas” a los jueces y los acusaba de “sabotear” el proceso a fin de favorecer a Lula.
Además, ha asegurado que, de acuerdo a la investigación, esa campaña contra las instituciones era impulsada en las redes sociales por lo que se conoció como “gabinete del odio”, una estructura de difusión masiva de falsa información que funcionaba en el palacio presidencial. Según el relator, esa campaña pasó de las declaraciones a los hechos tras las elecciones ganadas por Lula.
Sobre el período postelectoral, ha enumerado decenas de documentos obtenidos por la investigación sobre reuniones en las que se tramaba un golpe y en las que incluso se discutió el borrador de un decreto que ordenaba “intervenir” el Poder Judicial y anular el resultado de los comicios. El relator ha acusado a la supuesta “organización criminal” liderada por Bolsonaro de haber promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.
Ha recordado que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula. Sobre ese violento episodio, Moraes ha afirmado que no fue “combustión instantánea”, sino el corolario de un golpe planeado desde 2021.
Bolsonaro, el “líder” de una “organización criminal”
Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran “coordinados” por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en “líder de una verdadera organización criminal”.
Tras el voto del relator, quien ha asegurado que existe un “exceso de pruebas”, se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el juicio que, por primera vez en la historia, puede llevar a prisión a un expresidente brasileño por un intento de golpe de Estado.
Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha global, entre ellos el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha aplicado aranceles del 50% a gran parte de los productos brasileños por un juicio que ha definido como una “caza de brujas” con uno de sus mayores aliados. Además, EEUU ha aprobado sanciones económicas contra el juez De Moraes y otros siete de los 11 miembros de la Corte Suprema de Brasil.