El reciente intento del senador Julito Fulcar de impulsar una resolución para “delimitar” los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas debe preocuparnos como sociedad. No importa cuán buena sea la narrativa de “dar seguridad jurídica a las familias”, lo cierto es que detrás de esa propuesta se esconde una amenaza directa a uno de los patrimonios naturales más valiosos y frágiles de República Dominicana.
Las Dunas de Baní no son un terreno baldío a disposición del capricho político. Son un ecosistema único en el Caribe insular, hogar de especies que no existen en ninguna otra parte del planeta, barrera natural contra tormentas y huracanes, y un reservorio hídrico fundamental para la región. La arena que allí se acumula no es infinita ni reemplazable: su alteración equivale a perder un patrimonio irrecuperable.
La Constitución y las leyes ambientales de nuestro país son claras: las áreas protegidas son irreductibles. Ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen facultad para mutilar sus límites. Intentar modificar esa categoría equivale a abrir la puerta a la legalización de ocupaciones ilegales, sentando un precedente funesto para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy serían las dunas; mañana, cualquier parque nacional o reserva natural quedaría en la mira.
Que nadie se confunda: las Dunas ya están delimitadas y reconocidas por la Ley 202-04. Lo que necesitamos no es reducirlas, sino garantizar su conservación frente a la extracción ilegal de arena, la urbanización descontrolada, el turismo depredador y la falta de sanciones efectivas. En lugar de premiar la irregularidad, corresponde fortalecer la gestión ambiental, educar a la población y promover un ecoturismo responsable que genere desarrollo sin destruir lo que nos pertenece a todos.
Las Dunas de Baní no son negociables. Son un bien común, un escudo contra el cambio climático y un símbolo de identidad nacional. Ceder ante intereses particulares sería un retroceso histórico, una herida irreversible al patrimonio dominicano.
Defenderlas no es un capricho ambientalista: es una obligación moral, legal y patriótica.