Un tribunal impuso este lunes una garantía económica de 1.5 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora, a Aquiles Jiménez, por una querella que le interpuso la periodista Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún por difamación e injuria. La medida judicial representa una respuesta del sistema de justicia ante las acusaciones presentadas por la reconocida comunicadora y su cónyuge.
El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, también le impuso a Jiménez impedimento de salir del país y la obligación de presentación periódica al tribunal. Estas medidas de coerción buscan garantizar que el procesado permanezca disponible durante todo el desarrollo del proceso judicial iniciado por la pareja de comunicadores.
Aquiles Jiménez tendrá que cumplir estrictamente con el impedimento de salir del país por este caso específico y mantener la obligación de presentarse periódicamente al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso estas medidas como parte del proceso legal que se desarrolla contra el querellado.
La querella interpuesta por Alicia Ortega y Fernando Hasbún se suma a más de una docena de querellas que enfrenta Jiménez en la justicia dominicana por difamación e injuria. Esta situación evidencia un patrón de comportamiento que ha llevado a múltiples personas a recurrir al sistema judicial buscando reparación por presuntos daños a su honor y reputación.
Además de estos casos por difamación, Aquiles Jiménez también se encuentra bajo investigación por el caso de corrupción que involucra a Jochi Gómez y al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras. Esta investigación está relacionada con irregularidades en el proceso de modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo, un proyecto de gran envergadura en la capital dominicana.
La imposición de la medida de coerción por el caso específico de Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún se produjo mientras continúa el proceso de investigación por esta querella particular. El tribunal ha determinado que estas medidas son necesarias para asegurar el desarrollo normal del proceso judicial sin contratiempos ni interferencias externas.
Durante la audiencia judicial de este lunes, Ortega y Hasbún no fueron vistos físicamente en el tribunal, optando por hacerse representar legalmente por la abogada Ivelia Batista.
La representación legal profesional garantiza que sus intereses estén debidamente protegidos durante todo el desarrollo del proceso judicial que han iniciado contra Jiménez.
La garantía económica establecida en 1.5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora constituye una medida significativa que refleja la seriedad con la que el tribunal está abordando este caso. Esta suma considerable busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones procesales del querellado y garantizar una eventual reparación en caso de condena.
El caso ha generado considerable atención en los círculos periodísticos y legales del país, considerando el perfil público de los querellantes y la naturaleza de las acusaciones presentadas. Alicia Ortega es una figura reconocida en el periodismo dominicano, y su decisión de recurrir a la vía judicial ha sido vista como un precedente importante.
Las medidas impuestas por el juez Deiby Timoteo Peguero incluyen restricciones específicas diseñadas para prevenir cualquier interferencia con el proceso judicial. La presentación periódica al tribunal permite un seguimiento continuo del cumplimiento de las medidas de coerción establecidas por la autoridad judicial competente.
La acumulación de múltiples querellas contra Aquiles Jiménez por casos similares de difamación e injuria sugiere un patrón de conducta que está siendo evaluado por diferentes tribunales del país. Cada caso se desarrolla de manera independiente, pero la repetición de acusaciones similares podría influir en las decisiones judiciales futuras.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca por la comunidad periodística y legal dominicana, ya que establece precedentes importantes sobre la protección del honor y la reputación en el ejercicio de la libertad de expresión. Se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos desarrollos en este proceso judicial.