El deterioro institucional que alimenta la impunidad y la corrupción se apoya en gran parte de la clase política, sectores empresariales, gremiales y sindicales, de líderes religiosos e incluso de hacedores de la opinión pública. Todo ello sobre la base de una cultura de tolerancia al desorden y la trampa, entronizada desde los inicios de la República.
Consciente de que el desorden institucional, la impunidad y la corrupción son los principales responsables de que hoy no seamos un pueblo más próspero y organizado, el presidente Luis Abinader adoptó desde su llegada al poder medidas para emprender una profilaxis ética nacional. Su propósito: fortalecer la institucionalidad y contener esas deformaciones.
Ha llevado un corte parejo, reforzando el Estado de derecho, fomentando el respeto, fortaleza e independencia de los poderes públicos —Congreso, Justicia, órganos electorales, contralores y municipios—, y dedica cada semana horas de trabajo a impulsar la persecución del delito.
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Un aspecto clave ha sido sanear la administración pública, empezando por el cumplimiento riguroso de aplicación de la Ley de Función Pública (41-08) y la de Compras y Contrataciones (340-06), tradicionalmente fuentes de corrupción.
A esto se suma el fortalecimiento de la transparencia y la separación inmediata de cualquier funcionario señalado por prácticas cuestionables, sin importar su jerarquía ni cercanía con él.
La lucha por institucionalizar el país y frenar la impunidad es un proceso gradual, de lo particular a lo general. Quizás los avances no sean tan profundos ni amplios como quisiéramos, pero son muestras tangibles de un progreso nunca antes visto.
Los dos casos
La semana pasada dejó dos hechos inéditos en los tiempos modernos: la justicia alcanzó a figuras de “cuello blanco”, entre ellas un cuñado de un expresidente, una exdiputada y otros dirigentes, hoy procesados por corrupción administrativa y lavado de activos.
- El caso Alexis Medina Montilla. El cuñado del expresidente Danilo Medina, figura de peso en su gobierno, admitió su responsabilidad en actos de corrupción y se comprometió a devolver RD$3,000 millones mal habidos, según las acusaciones del Ministerio Público. Otros allegados al poder morado ya habían hecho lo mismo, confirmando la máxima jurídica: a confesión de parte, relevo de pruebas.
- La exdiputada del PRM. Una exlegisladora del partido oficialista fue condenada a cinco años de prisión por acusaciones de lavado de activos. Un recordatorio de que la justiciapirfr alcanzat también a quienes pertenecen al partido gobernante.
El comentario
En paralelo, el presidente Abinader reunió a su Consejo de Ministros para escuchar exposiciones de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones. El objetivo: actualizar a los funcionarios sobre las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones y al Código Procesal Penal, y evitar incumplimientos por desconocimiento.
La medida, preventiva y pedagógica, fue interpretada por un conocido comentarista de la mañana como innecesaria. Lo irónico es que, precisamente por desestimar la importancia de estas prevenciones, ese comentarista ha tenido que dedicarse a defender lo indefendible en sus aliados políticos.
Una semana ganada
La combinación de los dos casos judiciales y la prevención del Ejecutivo marca un punto a favor en la batalla ética contra el descalabro institucional, la impunidad y la corrupción. La pasada, sin duda, fue una semana ganada por el proceso de institucionalización que reclama la nación.
Adelante.