Por el Dr. Nelson Rosario
El autor es Doctor en Humanidades, Abogado, Docente de la UASD, con Máster en Gestión Pública y Gobernanza.
La educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y del progreso social. En la República Dominicana, la última década ha estado marcada por un esfuerzo sostenido en ampliar la cobertura escolar, y fortalecer la equidad educativa a través de políticas públicas de gran alcance.
Entre las que se destaca, la Jornada Escolar Extendida (JEE), política educativa que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos, concebido para transformar la vida de millones de estudiantes y sus familias.
Este modelo, que amplía el tiempo de permanencia de los niños y adolescentes en las aulas, nació con la promesa de atacar dos grandes problemáticas: la baja calidad de los aprendizajes y la desigualdad de oportunidades.
La lógica es sencilla pero poderosa: más tiempo en la escuela debía traducirse en mejores resultados académicos, acceso equitativo a alimentación escolar, y protección social para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, más de diez años después de su implementación a gran escala, la Jornada Escolar Extendida suscita un debate necesario: ¿ha cumplido con su misión de democratizar la educación, o se ha quedado a medio camino entre los logros y las promesas incumplidas?
La JEE, no surgió de manera improvisada, sino como parte de un proceso de reformas educativas impulsadas en América Latina. Países como Chile, México y Brasil habían experimentado con la ampliación del tiempo escolar, bajo la premisa de que más horas de clases, mejorarían aprendizajes y equidad (UNESCO, 2020).
La crítica situación de la educación dominicana hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, reflejaba profundas carencias estructurales, altos niveles de deserción escolar, deficiencias en la calidad de los aprendizajes, y una marcada insuficiencia en la inversión pública en el sector.
Estas limitaciones generaron un consenso nacional en el que confluyeron diversos actores, académicos, sindicales, empresariales, políticos y comunitarios, convencidos de la necesidad de una reforma estructural del sistema educativo. En este contexto de concertación y participación social, surgió el Plan Decenal de Educación 1990-2000, concebido como una política pública de largo plazo que buscaba garantizar la equidad, mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ampliar la cobertura del sistema educativo nacional (Secretaría de Estado de Educación, 1992; Báez, 2005).
En el caso dominicano, la Constitución de 2010, y la Ley General de Educación núm. 66-97 sirvieron como marco para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad.
Posteriormente, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014–2030) consolidó la Jornada Escolar Extendida como política estratégica (Consejo Económico y Social [CES], 2014). La expansión masiva comenzó en 2013, coincidiendo con la asignación del 4% del PIB a la educación, conquista histórica fruto de una intensa movilización social.
El objetivo era claro: convertir la escuela en un espacio integral de formación, alimentación y protección, con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El gran desafío de la JEE es demostrar que más tiempo en la escuela, se traduce en mejor calidad educativa. La evidencia muestra un panorama mixto. En PISA 2022, la República Dominicana mejoró frente a 2018, pero se mantuvo entre los países con menor rendimiento.
Apenas un 8% de estudiantes alcanzó el nivel básico en matemáticas, 25% en lectura y 23% en ciencias (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE], 2023).
Algo similar ocurrió en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), donde más del 70% del alumnado dominicano de primaria se ubicó en el nivel más bajo de desempeño, a pesar de ciertos avances respecto a 2013 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020).
En las Pruebas Nacionales de 2024, la tasa de aprobación alcanzó el 74%, aunque estos resultados dependen en gran medida de la calificación del centro educativo, lo que limita su valor como indicador de aprendizaje profundo (Ministerio de Educación de la República Dominicana [MINERD], 2024).
En síntesis: el país no ha retrocedido, pero el avance es lento y desigual, insuficiente para la magnitud de la inversión y del tiempo adicional que representa la JEE.
La asignación del 4% del PIB al sector educativo permitió ampliar la cobertura, contratar más docentes, mejorar salarios y expandir el programa de alimentación escolar.
Sin embargo, la estructura del gasto revela debilidades: más del 50% se destina a nómina, mientras la inversión en infraestructura, equipamiento y programas pedagógicos innovadores sigue siendo limitada (MINERD, 2024).
La ejecución presupuestaria ha sido alta, pero la calidad del gasto no siempre garantiza impacto en el aprendizaje. En la práctica, la ampliación de recursos ha servido más para sostener la JEE en términos logísticos que para transformar la pedagogía en las aulas.
Una de las promesas centrales de la JEE era enriquecer la educación con áreas curriculares complementarias: artes, deportes, tecnología, educación ciudadana. Sin embargo, la realidad muestra que gran parte del tiempo adicional se dedica a reforzar asignaturas tradicionales, sin innovación metodológica.
En muchos centros, las horas extras se convierten en tareas repetitivas o actividades recreativas poco planificadas. El currículo complementario queda ausente, y el largo horario escolar genera tensiones para docentes y estudiantes cuando no hay una propuesta pedagógica clara. Este déficit curricular transforma la JEE, en algunos casos, en un espacio de custodia escolar, más que en una experiencia educativa integral.
La efectividad de la JEE está condicionada también por limitaciones estructurales. A pesar de la inversión en construcción de planteles, todavía hay escuelas sin comedores adecuados, laboratorios ni espacios artísticos o deportivos.
El cuerpo docente enfrenta sobrecarga laboral, sin acompañamiento pedagógico suficiente, y la formación continua es limitada para las demandas de un modelo tan exigente (UNESCO, 2020).
En el territorio persisten brechas: mientras zonas urbanas muestran mayores avances, comunidades rurales permanecen rezagadas, reproduciendo desigualdades. A esto se suma la débil gestión institucional: se mide más la inversión y la cobertura, que los aprendizajes logrados, y la transparencia en la rendición de cuentas pedagógicas sigue siendo una deuda (OCDE, 2023).
A pesar de sus limitaciones, la Jornada Escolar Extendida ha generado impactos sociales positivos. Ha brindado alimentación escolar diaria a más de un millón de niños y adolescentes, lo que contribuye a combatir la desnutrición infantil (MINERD, 2024).
Ha aliviado la carga de cuidado en los hogares, especialmente en mujeres trabajadoras. Ha reducido riesgos sociales asociados a que los jóvenes permanezcan sin supervisión en horarios vulnerables.
No obstante, desde una perspectiva ética, surge la pregunta: ¿es legítimo invertir tanto en ampliar el tiempo sin asegurar un currículo robusto y aprendizajes de calidad? La gobernanza de esta política debe rendir cuentas no solo por los recursos ejecutados, sino por el valor educativo real que entrega a la sociedad.
La Jornada Escolar Extendida representa una conquista social y política de la República Dominicana. Ha logrado ampliar la cobertura, garantizar alimentación escolar y ofrecer un espacio protector para la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, su potencial transformador sigue limitado por deficiencias curriculares, problemas de infraestructura, desigualdades territoriales y debilidades en la gestión docente y pedagógica.
El país no ha retrocedido, pero avanza con lentitud frente al desafío central: convertir la JEE en una verdadera herramienta de calidad educativa y equidad social. Para lograrlo, se requiere un rediseño curricular que integre áreas complementarias, un mayor acompañamiento docente y una gestión transparente orientada a resultados de aprendizaje.
Más tiempo en la escuela, no es sinónimo de mejor educación; lo que marca la diferencia es cómo se utiliza ese tiempo y con qué visión de futuro se gestiona la política educativa.
La Jornada Escolar Extendida está en un punto decisivo: puede consolidarse como motor de transformación o quedar como una promesa inconclusa.