Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó en la madrugada de este jueves su veredicto en el caso Antipulpo, imponiendo penas de prisión, condenas suspendidas y absoluciones en uno de los procesos por corrupción más relevantes de la última década en República Dominicana.
El principal acusado, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado a siete años de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Deberá cumplir la pena en el Centro Correccional Najayo-Hombres.
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En la misma sentencia, el tribunal condenó a Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), a cinco años de prisión suspendida, tras acoger un acuerdo con el Ministerio Público.
Además de Alexis Medina, el tribunal impuso diversas penas a otros implicados en el entramado. Víctor Matías Encarnación Montero recibió cinco años de prisión suspendida y una multa de RD$500,000. José Dolores Santana Carmona fue sentenciado a seis años de reclusión en Najayo-Hombres, mientras que Wascar Bernabé Méndez cumplirá cinco años en el mismo recinto.
En el caso de Paola Molina Suazo y su esposo, Martín Monte de Oca, ambos fueron condenados a cinco años de prisión, que cumplirán en Najayo-Mujeres y Najayo-Hombres, respectivamente. Estas penas, según el tribunal, responden a su participación directa en maniobras que facilitaron la obtención y manejo irregular de fondos públicos.
Por su parte, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis y expresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), fue absuelta de las acusaciones, al igual que Fernando Rosa, exdirector del Fonper, y otros imputados.
Sobre el caso
El expediente Antipulpo fue presentado en noviembre de 2020 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Según la acusación, Alexis Medina encabezó un entramado empresarial que, aprovechando sus vínculos políticos y familiares, obtuvo contratos millonarios de instituciones estatales como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud y otras entidades, mediante licitaciones amañadas, sobrevaluaciones y pagos irregulares.
La investigación señala que estas operaciones generaron ganancias millonarias ilícitas, que fueron blanqueadas a través de sociedades comerciales y bienes muebles e inmuebles, afectando significativamente los fondos públicos.