Con penas máxima de hasta 10 a 20 años
Ahora la intermediación financiera no autorizada tendrá penas de cinco a 10 años de prisión
El nuevo Código Penal de la República Dominicana tipifica como delitos la estafa piramidal y la intermediación financiera no regulada (la usura), impactando positivamente tanto a los consumidores como al sistema financiero del país.
En sus artículos 240 y 241, establece como infracción penal las estafas basadas en esquemas piramidales, y aumenta las penas para este tipo de delito de cinco a 10 años, o de 10 a 20 años si se considera agravado. También fija multas equivalentes a veinte veces el monto involucrado en la infracción.
Además, los intermediarios, promotores y voceros de estos esquemas serán considerados cómplices y sancionados con penas que van de tres a cinco años de prisión, y multas de cincuenta a 500 salarios mínimos del sector público. Las personas físicas responsables de estafas piramidales agravadas serán inhabilitadas por 10 años para ejercer actividades comerciales, financieras o de promoción de inversiones.
Asimismo, el Código tipifica en su artículo 242 como infracción penal la intermediación financiera no autorizada por la Administración Monetaria y Financiera, así como la captación ilegal de fondos, disponiendo penas de cinco a 10 años de prisión.
Estos tipos penales son calificados como muy graves y, por ende, de acción pública, lo que significa que las autoridades competentes pueden perseguir a los responsables sin necesidad de una denuncia previa.
Estos delitos fueron incorporados al nuevo Código Penal tras propuestas promovidas por la Superintendencia de Bancos, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y a sus usuarios.
En el país, los delitos relacionados con el sector financiero no se encuentran tipificados exclusivamente en el Código Penal. Están dispersos en una serie de leyes especializadas que regulan las actividades monetarias y financieras, y combaten crímenes específicos. Entre ellas se encuentran: la Ley Monetaria y Financiera (183-02), la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (155-17), y la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07).
Algunos de los delitos tipificados en la Ley Monetaria y Financiera incluyen la falsificación o simulación total o parcial de billetes y monedas de curso legal, la malversación de fondos y el uso indebido de información obtenida por miembros de la Junta Monetaria o funcionarios de entidades financieras. También contempla la captación ilegal de fondos del público, es decir, realizar actividades de intermediación financiera sin la debida autorización.
Por su parte, la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es fundamental en la lucha contra los delitos financieros. Establece un marco para la prevención, detección, sanción y persecución de crímenes como el fraude financiero y bancario, la corrupción y el soborno, el tráfico de armas, drogas y trata de personas, así como la falsificación de monedas, valores o títulos.
Por último, la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tipifica una serie de delitos cibernéticos que afectan directamente a las entidades financieras y a sus clientes. Entre ellos se encuentran: la estafa a través de medios electrónicos (phishing, suplantación de identidad), el acceso ilícito a sistemas electrónicos o de telecomunicaciones, la falsificación de documentos digitales como firmas y certificados electrónicos, documentos bancarios y transferencias electrónicas de fondos no autorizadas.