WASHINGTON (AP) — Una jueza federal acordó el viernes bloquear temporalmente los esfuerzos del gobierno de Trump para ampliar las deportaciones aceleradas de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un proceso conocido como libertad condicional humanitaria, un fallo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.
La jueza federal de distrito Jia Cobb en Washington, D.C., dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional excedió su autoridad legal al intentar ampliar la “deportación acelerada” para muchos inmigrantes. La jueza afirmó que estos inmigrantes enfrentan peligros que superan cualquier daño derivado de “pausar” los planes del gobierno.

El caso “plantea una cuestión de equidad” para las personas que huyen de la opresión y la violencia en sus países de origen, declaró Cobb en su orden de 84 páginas.
“En un mundo de malas opciones, se apegaron a las reglas”, escribió. Ahora, el Gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas del juego para las personas en libertad condicional que ya se encuentran aquí, restringiendo su capacidad de solicitar asistencia migratoria y sometiéndolas a deportación sumaria, a pesar de que la ley estatutaria prohíbe al Poder Ejecutivo hacerlo.
Las deportaciones aceleradas permiten a los funcionarios de inmigración expulsar a alguien de EE. UU. sin ver primero a un juez. En casos de inmigración, la libertad condicional permite que quien solicita admisión a EE. UU. entre al país sin ser detenido.
Grupos de defensa de los inmigrantes demandaron a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para impugnar tres medidas recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ampliaron la deportación acelerada. Un aumento repentino de arrestos en los tribunales de inmigración pone de relieve la gran importancia de la demanda.
El fallo de la jueza se aplica a cualquier extranjero que haya entrado a EE. UU. a través del proceso de libertad condicional en un puerto de entrada. La jueza suspendió las medidas impugnadas del DHS hasta la conclusión del caso.
Cobb afirmó que la “pregunta fundamental” del caso es si las personas que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de “defender su caso dentro de un sistema de normas”.
“O, alternativamente, ¿serán expulsados sumariamente de un país que, al ser detenidos en los puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil sin explicación ni cargos, podría parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar?”, añadió.
Esther Sung, abogada de los demandantes y directora legal del Centro de Acción por la Justicia, describió el fallo como una “gran victoria” para cientos de miles de inmigrantes y sus familias. Sung señaló que muchas personas temen asistir a las audiencias de inmigración rutinarias por temor a ser arrestadas.
“Esperemos que esta decisión alivie ese temor”, declaró Sung.
Desde mayo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se han apostado en los pasillos para arrestar a personas después de que los jueces aceptan las solicitudes del gobierno para desestimar los casos de deportación. Tras ser arrestado, el gobierno reanuda los procedimientos de deportación, pero bajo la autoridad de vía rápida.
El presidente Donald Trump amplió drásticamente la autoridad de vía rápida en enero, permitiendo a los oficiales de inmigración deportar a alguien sin antes ver a un juez. Si bien las deportaciones por vía rápida pueden suspenderse mediante la presentación de una solicitud de asilo, las personas pueden desconocer este derecho e, incluso si lo conocen, pueden ser deportadas rápidamente si no superan una evaluación inicial.
La “deportación acelerada” se creó bajo una ley de 1996 y se ha utilizado ampliamente para personas detenidas en la frontera desde 2004. Trump intentó expandir esas facultades a nivel nacional a cualquier persona que estuviera en el país menos de dos años en 2019, pero fue frenado en los tribunales. Sus últimos esfuerzos constituyen un segundo intento.
El ICE ejerció su autoridad ampliada con moderación al principio durante el segundo mandato de Trump, pero desde entonces la ha utilizado para una aplicación agresiva de la ley en los tribunales de inmigración y en las redadas en lugares de trabajo, según los abogados de los demandantes.
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