Un artista destacado en el género de la bachata experimentó un complejo episodio legal luego de que otra persona utilizara su número de Seguro Social en Estados Unidos para obtener una licencia de conducir. Esta identidad falsa fue posteriormente asociada a actividades ilícitas, incluyendo transacciones relacionadas con sustancias por un peso aproximado de un kilo y otros delitos vinculados a tráfico y manejo de fondos. Como resultado, fue incluido en un expediente junto a otras 24 personas de nacionalidades dominicana, colombiana, puertorriqueña y mexicana, enfrentando señalamientos que pudieron haber implicado varios años de prisión.
El intérprete conocido como “el gringo de la bachata”, con más de tres décadas de trayectoria artística, se convirtió en protagonista de esta situación. Su carrera, consolidada en el ámbito musical, se destacó especialmente por su canción “Gringo muere de dolor”, incluida en su décima producción discográfica. Esta pieza, originalmente escrita por Guillermo Soto, fue adaptada con dicho título por el cantante, con la debida autorización del compositor, y se convirtió en su marca más reconocible.
El caso tomó relevancia en 2013 cuando el artista fue retenido en la sala de espera de un aeropuerto en Panamá. Allí, un agente de Interpol lo detuvo debido a que su identidad estaba vinculada a un expediente bajo investigación. Estuvo privado de libertad durante un mes y un día en ese país antes de ser trasladado a Estados Unidos. Al llegar, fue procesado bajo esa identidad falsa. Sin embargo, tras presentar pruebas contundentes, se logró demostrar que no guardaba relación con los hechos atribuidos y fue liberado. En los meses siguientes, el expediente fue oficialmente desestimado.
A pesar de haberse demostrado su inocencia, las consecuencias del caso se extendieron más allá del proceso legal. En la República Dominicana, algunos bancos se rehusaron a abrirle cuentas debido a errores persistentes en sus registros internos. Esta situación afectó su manejo financiero, incluso después de haber sido formalmente exonerado.
El caso legal fue esclarecido con ayuda de pruebas técnicas. Su defensa contrató a un perito especializado en análisis de voz, quien demostró que las grabaciones involucradas en la investigación no correspondían al artista. El juez asignado al caso emitió un “dismiss”, liberándolo de cualquier cargo y confirmando su desvinculación total con la red señalada.
Durante el proceso, el artista enfrentó medidas restrictivas como vigilancia por parte de un oficial, el uso de un grillete electrónico, la retención de su pasaporte y presentaciones semanales en cortes estadounidenses. Aunque quedó libre de responsabilidad, su imagen pública resultó afectada. Periodistas que lo habían mencionado anteriormente evitaron nuevos acercamientos y él, a su vez, decidió no ofrecer declaraciones adicionales.
En lo personal, se distanció de algunas relaciones y optó por continuar su carrera de forma independiente. Sin disqueras, remasterizó sus trabajos anteriores para fortalecer su autonomía artística y reafirmar su compromiso con la música.