Una acción legal ha sido presentada contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, bajo la acusación de presunto homicidio involuntario, según lo establecido en un documento depositado por los abogados de la señora Díaz Pérez. La querella busca una indemnización de 500 millones de pesos y se encuentra en etapa de evaluación por parte de la Procuraduría General de la República.
La demanda argumenta que el colapso estructural ocurrido en el establecimiento, y que resultó en múltiples personas afectadas, era un riesgo previsible. Según lo detallado en la querella, la parte acusadora sostiene que hubo una falta de mantenimiento adecuada y que los propietarios no habrían implementado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes al local.
Desde el cierre de la discoteca Jet Set, ubicada en la capital, las autoridades han realizado investigaciones que, de acuerdo con la parte querellante, revelan deficiencias graves en los protocolos de seguridad. El establecimiento, conocido por sus eventos musicales y vida nocturna, permanece clausurado y bajo supervisión del Ministerio Público mientras se completa el proceso judicial.
La señora Díaz Pérez, madre de un exjugador de Grandes Ligas, ha indicado que su objetivo no se limita a una compensación económica. Según afirma, también busca visibilizar lo que considera una ausencia de responsabilidad en espacios destinados al entretenimiento nocturno en la ciudad.
El equipo legal de Díaz Pérez ha expresado su compromiso de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias. Han insistido en que, a su juicio, existe responsabilidad directa por parte de los propietarios del local, quienes deberán responder ante la justicia si la querella es admitida formalmente.
De ser aceptada la demanda, los hermanos Espaillat estarían legalmente obligados a comparecer ante los tribunales para responder a los señalamientos. Las autoridades deberán determinar si el expediente cumple con los requisitos procesales correspondientes y, de ser así, establecer una fecha para la audiencia preliminar.
Hasta el momento, los propietarios señalados en la acción legal no han ofrecido declaraciones públicas respecto al caso. La situación continúa en desarrollo mientras se espera una decisión oficial sobre la admisión de la querella y el inicio del proceso judicial correspondiente.