El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este miércoles la detención inmediata del comunicador Ángel Martínez tras un altercado verbal en plena audiencia. Según lo informado, Martínez incurrió en una conducta considerada como falta de respeto al tribunal, lo que constituye un delito de audiencia conforme al Código Procesal Penal.
Durante la sesión judicial, el comunicador se dirigió al magistrado de manera considerada altisonante, lo que llevó a Mejía a aplicar sanciones estipuladas por la normativa, con el objetivo de preservar la solemnidad del proceso. Además, el juez declaró como litigante temerario al abogado defensor Rafael Pércival, luego de que este intentara recusar nuevamente al magistrado a cargo del caso.
Como consecuencia de esta acción procesal, Pércival fue sancionado con una multa equivalente al salario de 15 días de un juez de primera instancia, según lo permitido en casos de uso indebido del derecho en el contexto judicial.
El propio defensor explicó que, en horas tempranas de la mañana, Martínez se habría encontrado con el juez Mejía en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En ese momento, el magistrado le habría comunicado su intención de conocer el caso sin importar las circunstancias, lo que habría dado lugar a una discusión que luego continuó dentro de la sala de audiencia. La próxima sesión fue pautada para el martes siguiente a las 2:00 p.m.
El proceso actual se origina en una demanda interpuesta por Faride Raful contra Martínez por presunta difamación agravada e injuria mediante plataformas digitales. La querellante sostiene que se difundieron señalamientos sin fundamentos en redes sociales y YouTube, e incluso amenazas sobre supuestos “videos íntimos” inexistentes, interpretadas como intento de chantaje.
La denuncia está amparada en la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y en el artículo 367 del Código Penal. Faride Raful también se constituyó en actor civil, reclamando una indemnización de RD$50 millones por daños morales.
Martínez enfrenta otras querellas similares. Entre ellas, una presentada por Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente, por supuesta difamación. En ese caso, el juez Deiby Antonio Timoteo impuso una garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida y otras medidas cautelares.
También ha sido acusado por Sandra Eugenia de la Rosa, quien alega haber sido víctima de estafa y chantaje entre 2013 y 2020. Según la denuncia, Martínez se presentó como supuesto investigador internacional y le exigió fondos mediante múltiples depósitos.
Otras querellas incluyen la del diputado Sergio “Gory” Moya, por señalamientos públicos en su canal de YouTube, así como la del periodista Vargavila Riverón, quien reclama una indemnización de RD$10 millones. En Santiago, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez también lo ha acusado por difamación. En ese caso, se impusieron medidas cautelares como grillete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica.