La contadora pública autorizada y veedora, Elizabeth Beriguete, junto al abogado Milton Castaño, interpuso este martes una denuncia ante la Procuraduría General de la República por supuestas irregularidades cometidas en la licitación del almuerzo escolar por autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).La profesional indicó que las irregularidades en la licitación celebrada en octubre de 2023, y denunciadas públicamente desde el 5 de agosto de 2024, estarían afectando a más del 30% de los estudiantes del sistema educativo público.Según explicó, esta situación también perjudica a más de 500 Mipymes reales que cumplían con todos los requisitos establecidos para participar y obtener contratos en el programa de alimentación escolar.
Le recomendamos: Contraloría y Contrataciones Públicas detectan irregularidades en 3 licitaciones de InabieEste martes, Beriguete y Castaño depositaron formalmente la denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acompañada de medios de prueba, solicitando que se inicie una investigación sobre las actuaciones de Inabie.Beriguete afirmó que el monto comprometido por las supuestas irregularidades supera los mil seiscientos millones de pesos.
“Nosotros sabemos cómo funciona ese entramado de corrupción”, expresó al reiterar la importancia de que se investigue la denuncia.La veedora recordó que desde el 5 de agosto del año pasado, emplazaron al director de Inabie, Víctor Castro, y demás autoridades de la institución a responder por las denuncias, pero no obtuvieron respuesta.
El 30 de agosto de ese mismo año solicitaron medidas cautelares ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.El 11 de septiembre, Beriguete depositó en el Despacho de la Presidencia una carta dirigida al presidente Luis Abinader, también acompañada de pruebas documentales.En noviembre de 2023, comenzaron a presentar solicitudes formales a Inabie a través del Sistema de Acceso a la Información Pública, y a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, para que interviniera en la investigación de la denuncia.
Posteriormente, se hicieron solicitudes adicionales ante la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.
La funcionaria Ortiz Bosch respondió el 17 de febrero de este año, informando que había remitido la denuncia a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Sin embargo, se desconoce si hasta la fecha se ha iniciado o no una investigación formal sobre el caso.