El Consejo Superior del Ministerio Público tomó la decisión de separar de sus funciones al fiscal Gerinaldo Contreras luego de que una investigación interna confirmara que cometió faltas disciplinarias graves. Entre las acciones señaladas en el informe se encuentran acoso en el entorno laboral, uso indebido de su posición de autoridad y haber ordenado la detención no justificada de integrantes de una junta de vecinos en el sector de Arroyo Hondo, quienes se manifestaban por dificultades comunitarias.
La resolución emitida por el organismo señala que, aunque no se le aplicará la medida de inhabilitación por cinco años para ocupar funciones en la administración pública, la conclusión de la investigación fue clara: su continuidad como fiscal resultaba insostenible debido a las acciones documentadas durante el proceso.
Según la decisión, el funcionario “mostró una conducta incompatible con la dignidad de su cargo y atentó contra derechos fundamentales de ciudadanos y miembros del Ministerio Público.” Esta afirmación se fundamenta en las pruebas obtenidas por el equipo investigador, que recopiló múltiples declaraciones coincidentes sobre su comportamiento.
Durante la recolección de testimonios, más de diez personas relataron situaciones similares. Estas incluían un trato verbal inadecuado, amenazas directas, represalias contra colegas o subalternos y la creación de un ambiente profesional considerado hostil por varios colaboradores. Estos testimonios mostraron un patrón de comportamiento que no se ajustaba a los principios que rigen el servicio público.
El documento oficial, emitido por el Consejo, señala que estas acciones vulneraron los derechos tanto de ciudadanos comunes como de integrantes del propio Ministerio Público. Esta conducta, según el organismo, afecta directamente la confianza de la población en las instituciones y en el ejercicio adecuado de la justicia.
Este caso pone en evidencia la importancia de mantener una conducta adecuada por parte de los funcionarios públicos, especialmente aquellos con responsabilidades vinculadas a la legalidad y el orden. La provincia en la que ocurrió esta situación no fue especificada en el informe, pero se confirma que los hechos se desarrollaron en el sector de Arroyo Hondo.
Finalmente, la decisión del Consejo reafirma el compromiso institucional con el respeto a los derechos fundamentales y la exigencia de comportamientos que estén a la altura del servicio público. Aunque el fiscal separado de sus funciones no enfrenta una sanción que le impida volver al servicio, su destitución marca un precedente dentro del organismo.