Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento conocido como Jet Set, obtuvieron su libertad este jueves luego de que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazara la solicitud de restricción total propuesta por el Ministerio Público. En su lugar, la jueza Fátima Veloz estableció una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades como medidas cautelares.
La audiencia, que se extendió por más de doce horas, concluyó en horas de la madrugada de este jueves. Durante la misma, la magistrada escuchó los argumentos de todas las partes involucradas antes de emitir su decisión final. Los hermanos Espaillat enfrentan un proceso legal debido a las imputaciones relacionadas con el desplome del techo del centro de entretenimiento, que causó la pérdida de 236 personas y dejó más de 180 con diversas lesiones.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, alegando que los implicados enfrentan cargos por presunta responsabilidad indirecta. El director de persecución del órgano investigador, Wilson Camacho, informó que apelará la decisión tomada por la jueza, señalando que existe riesgo de interferencia con el proceso judicial por parte de los imputados. Según Camacho, los acusados también han sido vinculados con un intento de presión hacia un testigo que en su momento fue empleado del lugar.
Por su parte, Miguel Valerio, representante legal de los hermanos Espaillat, expresó que la decisión del tribunal es adecuada. Según explicó, sus defendidos han mantenido una actitud cooperativa tanto con las autoridades judiciales como con los expertos encargados de las evaluaciones técnicas. Añadió que los procesados han estado disponibles en cada citación y han ofrecido apoyo a los familiares de quienes ya no viven, así como a los que sufrieron daños físicos.
En el proceso también participaron abogados que representan a aproximadamente 80 personas que resultaron afectadas por el incidente. Estos profesionales actúan como querellantes y han solicitado una modificación en la calificación jurídica del caso. Argumentan que debe considerarse la posibilidad de dolo, indicando que los propietarios habrían estado al tanto de los riesgos estructurales antes del evento y que, a pesar de las advertencias, no actuaron para prevenirlo.
Los imputados deberán presentarse ante el Ministerio Público de manera mensual y mantenerse disponibles para continuar con el proceso, según lo ordenado por el tribunal. Aunque ya no permanecen bajo custodia, las medidas impuestas siguen vigentes como parte del procedimiento judicial que se desarrolla en la provincia de Santo Domingo.