El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat López y medidas cautelares para su hermana Maribel Espaillat, en el contexto del colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025. Este suceso provocó la pérdida de 235 personas y dejó más de 180 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más lamentables registrados en la historia reciente del país.
Según el expediente presentado ante los tribunales, las autoridades sostienen que los hechos no fueron resultado de un imprevisto, sino consecuencia de decisiones inadecuadas y de una prolongada falta de atención a la seguridad del lugar. Para los fiscales, se trata de un caso de omisión grave, que debe ser juzgado bajo el marco penal.
El documento legal relata cómo, desde al menos el año 2010, los hermanos Espaillat estuvieron al frente del establecimiento sin cumplir con los estándares básicos de seguridad estructural. Se indica que se realizaron remodelaciones sin autorización oficial, se eliminaron columnas sin contar con planos aprobados, y no hubo supervisión técnica en ninguna de estas intervenciones.
Además, se detalla que la estructura fue sobrecargada con equipos industriales, presentaba filtraciones frecuentes y caídas de plafones, hechos que fueron registrados durante años sin que se tomaran acciones efectivas. A pesar de advertencias por parte de ingenieros, trabajadores y otras personas, las operaciones del centro nocturno continuaron con normalidad.
Uno de los elementos incluidos en el expediente son mensajes del empleado Gregorio Adames Arias, en los que se advertía sobre desprendimientos del techo poco antes del evento. También se menciona que se utilizaban lonas para contener el agua entre el techo principal y el falso plafón. Incluso el día anterior, el 7 de abril, se produjeron desprendimientos durante una fiesta, pero no se suspendió el evento.
“El documento del Ministerio Público sostiene: ‘Se trató de una actitud de absoluto desprecio a la vida humana. Tuvieron todas las señales y optaron por el beneficio económico y la rutina operativa. Deben responder con prisión’”.
La fiscalía apoya su solicitud en varios artículos del Código Procesal Penal. El artículo 226.7 establece la prisión preventiva ante el peligro de fuga y la gravedad de los hechos. El artículo 227 se aplica si existen indicios razonables de autoría y una infracción penal grave. El artículo 234 justifica la prisión cuando otras medidas no bastan para proteger el proceso. Y el artículo 229 toma en cuenta el riesgo de fuga y la conducta de los imputados.
Según el expediente, Antonio Espaillat habría intentado comunicarse con testigos para indagar si habían compartido información sobre el techo, lo cual es considerado por los fiscales como un intento de interferir en el proceso. Por ello, se ha solicitado prisión preventiva por 18 meses. En el caso de Maribel Espaillat, se ha propuesto presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica.
El proceso también fue declarado como caso complejo por dos motivos principales. Primero, por la cantidad de hechos acumulados entre 2010 y 2025, incluyendo remodelaciones no autorizadas y numerosas advertencias ignoradas. Segundo, por el alto número de personas afectadas, que supera las 400, con múltiples denuncias aún en investigación.
Para el Ministerio Público, las acciones y omisiones de los imputados no deben considerarse una simple falta administrativa. Según sus palabras, “Nos enfrentamos a una conducta que permitió por acción y omisión la pérdida de vidas humanas. Este no es un caso civil, es penal. Y por eso pedimos prisión”.
Mientras el país continúa enfrentando las secuelas de lo ocurrido en el Jet Set Club, el proceso judicial avanza en busca de establecer responsabilidades. Aunque el juicio apenas comienza, la fiscalía insiste en que los hechos que desencadenaron la tragedia comenzaron mucho antes de esa madrugada de abril.