La Fiscalía del Distrito Nacional ha solicitado prisión preventiva para un co-conductor implicado en una agresión física contra una agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba fue detenido para una fiscalización relacionada con una infracción vial.
María Alejandra Toribio Reynoso, agente afectada, resultó con lesiones visibles tras el suceso, que tuvo lugar el pasado 26 de mayo en horas de la noche. La situación ocurrió mientras ella dirigía el tránsito en la intersección de la avenida John F. Kennedy con Núñez de Cáceres, en la ciudad de Santo Domingo.
Según el reporte, Toribio Reynoso fue alertada por una persona de que un automóvil de color rojo circulaba en sentido contrario. Procedió entonces a detener el vehículo e inició el proceso para requerir los documentos correspondientes a la persona al volante.
En ese momento, el acompañante del vehículo, identificado como Esmerlin Ricardo Castillo Betances, comenzó a pronunciar palabras ofensivas en contra de la agente. A continuación, descendió del automóvil y le torció la muñeca derecha a la servidora pública, acto que la llevó a solicitar asistencia inmediata.
Tras la agresión, la agente resultó con lesiones que ameritaron el uso de un cuello ortopédico y muletas. Las imágenes del suceso fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada en el lugar, lo cual ha sido incluido como parte del expediente por el Ministerio Público.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., y gracias a la intervención de dos personas presentes en el área, junto con la rápida llegada de refuerzos de la Digesett, se evitó que la situación escalara aún más.
El Ministerio Público ha considerado que la gravedad de los hechos amerita la imposición de una medida coercitiva de prisión preventiva contra Castillo Betances. La solicitud se fundamenta en los riesgos de fuga y la protección de la integridad física de la agente afectada.
La investigación sigue en curso mientras las autoridades evalúan todas las evidencias disponibles. La comunidad permanece atenta al desarrollo del caso, en espera de una decisión judicial sobre la medida cautelar solicitada.