Rosalba Ramos confirma interrogatorios y asegura que el Ministerio Público actúa.
Distrito Nacional. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, declaró que el Ministerio Público mantiene una línea de acción firme y reservada respecto a la investigación del colapso del centro nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, que provocó la muerte de más de 230 personas y dejó cerca de 200 heridos.
Durante su participación en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en el hotel Embajador, Ramos reafirmó el compromiso del órgano investigador con el proceso judicial. “El Ministerio Público no está para hablar, está para actuar”, expresó con determinación.
La fiscal explicó que las investigaciones continúan en marcha, aunque sin ser publicitadas, respetando la naturaleza sensible del caso. “Estamos trabajando, pero no lo estamos pregonando”, insistió Ramos, agregando que todas las víctimas relacionadas con el caso ya fueron debidamente interrogadas.
También informó que el Ministerio Público está recopilando los certificados médicos correspondientes, una fase que calificó como una de las más delicadas del expediente. “Ustedes saben que son muchas las víctimas”, manifestó, aludiendo a la magnitud del daño humano causado por el derrumbe.
Desde el día de la tragedia, familiares de los afectados han presentado denuncias en las que señalan señales previas de deterioro estructural en el local, como la caída de fragmentos del plafón del techo, que consideran advertencias que no fueron atendidas.
A raíz de estas acusaciones, se han registrado hasta la fecha 41 acciones judiciales contra Antonio Espaillat, propietario del establecimiento; Ana Grecia López, administradora del centro; y la empresa Inversiones E y L, S.R.L. Las acciones incluyen querellas y denuncias formales por parte de los afectados.
En torno al empresario Antonio Espaillat, figura central en los reclamos públicos, la fiscal fue consultada sobre una posible citación. Sin embargo, evitó ofrecer una confirmación directa y señaló: “Ustedes serán los primeros en saberlo cuando sea requerido”.
Las autoridades mantienen el proceso en confidencialidad, amparadas en el marco legal. Mientras tanto, el interés público crece a medida que aumenta la presión por respuestas sobre la posible responsabilidad penal de los señalados en la tragedia del centro Jet Set. La sociedad espera claridad y justicia ante un evento que ha dejado una profunda huella en el país.