En un caso que ha generado un amplio debate, Terry Sutherland,
un hombre legalmente ciego residente en Indiana,
Estados Unidos, obtuvo recientemente el permiso para
portar armas de fuego. Su caso ha encendido la discusión
sobre las regulaciones actuales en el país, poniendo sobre la mesa
cuestiones fundamentales sobre seguridad pública y derechos
individuales.
¿Cómo logró obtener el
permiso?
Sutherland, quien perdió la vista hace algunos años, decidió
solicitar el permiso como una forma de mostrar las fallas
estructurales en la legislación. En Indiana, desde 2022,
cualquier persona mayor de 18 años puede portar armas, ya sea de
forma oculta o visible, sin necesidad de una
licencia formal, siempre y cuando no sea considerada “persona
inadecuada”. Esto incluye a personas con historial de delitos o
problemas de violencia doméstica, pero no se evalúan
habilidades técnicas como la capacidad de apuntar
o disparar.
Cuando Terry se presentó para realizar los trámites, utilizó su
bastón blanco que indicaba claramente su discapacidad visual.
Relató que nadie cuestionó si él era capaz de manejar un arma de
manera segura, lo que, según sus propias palabras, le dejó
sorprendido. Finalmente, el permiso fue aprobado
sin contratiempos.
Una decisión polémica
El caso de Sutherland es mucho más que un hecho aislado.
Representa el dilema de equilibrar los derechos
constitucionales con la seguridad ciudadana. La
Segunda Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos garantiza el derecho a portar armas, pero para muchos,
incluido el propio Terry, debería haber criterios mínimos
de competencia.
En sus declaraciones, Sutherland cuestionó: “Si yo puedo
portar un arma, ¿por qué no puedo tener una licencia para conducir?
¿Qué podría salir peor?” Estas frases resonaron con fuerza
entre quienes defienden la necesidad de regular más estrictamente
el acceso a las armas en el país.
Opiniones
divididas: derechos versus responsabilidad
No todos están de acuerdo con la posición de Terry. Guy
Relford, abogado defensor de la Segunda Enmienda,
describió la situación como un intento de restringir derechos
constitucionales. Según él, el problema no reside en la ley, sino
en la responsabilidad individual de quienes portan
armas. En este sentido, argumenta que cada individuo debería actuar
de manera prudente y segura, sin necesidad de restricciones
adicionales.
Por otro lado, quienes apoyan la postura de Sutherland señalan
que leyes como las de Indiana dejan abiertas “lagunas
legales”. Permitir que alguien con ceguera u otra discapacidad
seria obtenga un arma sin pruebas de capacidad técnica podría ser
un peligro real, no solo para el individuo, sino también para la
sociedad.
El reflejo de un
tema más amplio en EE. UU.
El caso de Sutherland no es único en la historia de las leyes
estadounidenses. Algunos estados, como Iowa, han permitido desde
2011 que personas ciegas obtengan permisos para
portar armas. Defensores de esta práctica argumentan que negar ese
derecho podría ser considerado discriminación. Sin embargo, otros
estados han implementado medidas más rígidas, como requisitos de
entrenamiento en campos de tiro, incluso visión mínima comprobada
para manejar armas legalmente.
En el caso de Indiana, las regulaciones actuales revelan
tensiones profundas entre la cultura de derecho
individual que prevalece en varias partes del país y las
preocupaciones colectivas sobre la seguridad. Este es uno de los 24
estados donde los ciudadanos pueden portar armas sin necesidad de
permisos o entrenamiento formal.
Lo
que esto significa para el futuro de las leyes de armas
Este caso podría afectar el debate en torno a las políticas de
armas en Estados Unidos, especialmente en los estados donde las
regulaciones son más permisivas. Organizaciones de derechos civiles
y grupos a favor de la seguridad pública ya han utilizado el caso
de Sutherland como un llamado a revisar la legislación con más
detalle.
Terry no se posiciona abiertamente como
anti-armas ni pretende atacar la Segunda Enmienda.
Pero su propósito es claro: hacer evidente la incoherencia
en los procesos actuales. Argumenta que, al menos, se
debería requerir una evaluación técnica que garantice que quienes
tienen acceso a armas de fuego puedan usarlas correctamente.
¿Hasta qué punto debe llegar el derecho individual cuando
interfiere con la seguridad de los demás? El caso de Terry
Sutherland presenta un espejo incómodo sobre las políticas de armas
en
Estados Unidos. Si un hombre ciego puede obtener un permiso sin
obstáculos, ¿qué significa esto sobre el nivel de control existente
en un país donde los tiroteos masivos son una problemática
constante?
Los próximos años podrían ser cruciales para definir si
prevalecerán las libertades individuales sin restricciones o si se
implementarán reformas que busquen un equilibrio entre derechos y
responsabilidades colectivas. Una cosa es clara: historias como la
de Terry no pasan desapercibidas y generan discusiones que, tarde o
temprano, podrían impulsar cambios en las leyes.