Cuando una persona fallece, heredar sus bienes puede ser un
proceso complicado que mezcla aspectos emocionales, legales y
fiscales. Aunque no siempre hay un límite estricto para realizar la
partición de una herencia, sí existen factores y obligaciones que
condicionan los plazos. El día de hoy veremos las claves que todo
heredero debe conocer para evitar conflictos y
sanciones.
¿Existe
un plazo legal para repartir una herencia?
En España, no hay un tiempo límite obligatorio
para repartir los bienes de una
herencia. Esto quiere decir que, siempre que los herederos
estén de acuerdo, la partición puede demorarse indefinidamente. Sin
embargo, la situación cambia si surge algún conflicto, si hay
deudas pendientes o si no se cumplen ciertos trámites fiscales
dentro de los plazos establecidos.
El Código Civil establece que cualquier
interesado, ya sea un heredero o incluso un acreedor, puede pedir a
un juez que imponga un plazo para que los herederos se pronuncien
sobre la aceptación o renuncia de la herencia.
Este periodo es, generalmente, de 30 días hábiles,
aunque puede variar según el caso.
El impacto de
los impuestos en los plazos
Uno de los aspectos más importantes al gestionar una herencia
son las obligaciones tributarias. Tras el
fallecimiento del causante, los herederos deben presentar y
liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
(ISD) en un plazo de seis meses. Este
periodo puede extenderse otros seis meses si se solicita una
prórroga dentro de los primeros cinco meses.
No cumplir con este requisito trae consigo sanciones, recargos e
intereses de demora, lo que puede encarecer
considerablemente el proceso de herencia.
Aunque no es obligatorio haber completado el reparto para
cumplir con este impuesto, es esencial valorar los bienes
heredados, ya que este dato es necesario para calcular el tributo
correspondiente.
¿Qué ocurre
si no se reparte la herencia?
Cuando una herencia no se reparte, los bienes permanecen
en copropiedad entre los herederos según los porcentajes
que les correspondan. Esto significa que, aunque ninguno puede
disponer unilateralmente de dichos bienes, tampoco pierden su
derecho sobre ellos. Sin embargo, esta situación puede generar
conflictos, especialmente si alguno de los copropietarios desea
vender o utilizar los bienes sin el consentimiento del resto.
Si los herederos no logran ponerse de acuerdo, uno de ellos
puede recurrir a la vía judicial para solicitar la división
de la herencia. En este caso, será un juez quien decida
cómo se distribuirán los bienes, lo que puede retrasar aún más el
proceso y aumentar los costos administrativos y legales.
¿Qué pasa
con los herederos que no actúan?
Una situación común ocurre cuando algunos herederos no toman
decisión alguna respecto a la herencia. Si, tras el plazo fijado
por un juez o ante la pasividad de un heredero, este no se ha
pronunciado, se considera que ha aceptado la herencia a
beneficio de inventario. Bajo este mecanismo, el heredero
únicamente responde de las deudas del fallecido hasta donde lo
permitan los bienes heredados, protegiendo así su patrimonio
personal.
Este punto es especialmente relevante, ya que muchas personas
evitan heredar por el temor a asumir deudas. El beneficio de
inventario actúa como una salvaguarda en este tipo de casos.
La indivisión
hereditaria: un problema común
La
indivisión hereditaria ocurre cuando varios herederos comparten
la propiedad de un bien, como una casa, un terreno o incluso
cuentas bancarias, sin haber formalizado su división. Esta
situación es más frecuente de lo que parece y, en muchos casos,
puede extenderse por largos años si los
involucrados no logran ponerse de acuerdo o muestran poca intención
de negociar.
Este problema no solo genera tensiones familiares, sino que
también puede complicar el uso o mantenimiento del bien en
cuestión. Por ejemplo, mantener una casa heredada sin acuerdo puede
convertirse en una carga económica para algunos herederos, mientras
que otros tal vez quieran venderla o modificarla, lo que puede
agrandar los conflictos.
Para evitar que la situación se estanque, los herederos tienen
la opción de trabajar con un contador-partidor.
Este experto actúa como mediador y busca una distribución
equitativa de los bienes, tomando en cuenta las leyes y los
intereses de todas las partes. Sin embargo, si no se logra un
consenso, el caso puede terminar en los tribunales. Judicializar el
proceso suele ser costoso y puede demorar aún más la resolución, lo
que aumenta el desgaste emocional y financiero de todos los
involucrados.
Por eso, aunque no siempre es sencillo, priorizar el diálogo y
buscar asesoría profesional es clave para resolver estas
situaciones de manera más rápida y justa.