Santo Domingo.- El director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó este lunes las normas del proyecto de modificación de la Ley General de Contrataciones Públicas aprobado por el Senado y que actualmente está en la Cámara de Diputados.
Entre las nuevas medidas se prohíbe a los exfuncionarios tener relación comercial y profesional con la institución que representaron o sus subordinadas, durante el año siguiente de su salida.
También, se estableció un tiempo de dos a tres años de prisión por declaraciones juradas falsas para registrarse como proveedores del Estado y se le da un carácter de sanción a la falsificación de documentos para participar en procesos de contratación.
Se fijaron de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos a los servidores que intervengan en los procesos de contrato de manera dolosa y se determinó que las instituciones deberán incluir en sus portales informaciones relativas a su actividad contractual.
Según explicó Pimentel, el proyecto de ley 340 tiene dentro de sus disposiciones fundamentales devolverle “el sistema de consecuencias al sistema de contrataciones públicas de la República Dominicana”.
“Estas son algunas de las disposiciones pero estamos muy convencidos que le estamos devolviendo con este proyecto de ley cuando se apruebe un régimen de consecuencias al sistema de contratación de la República Dominicana que fue mutilado en el 2006 para instalar un régimen de impunidad en este país”, añadió.
El proyecto busca establecer un régimen jurídico de contrataciones públicas y derogar la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.