Un juez federal restringió temporalmente el acceso a un sistema de pagos sensible, que distribuye las declaraciones de impuestos de los estadounidenses, las prestaciones de la Seguridad Social, los pagos por discapacidad y los salarios de los empleados federales.
Además, el juez de distrito Paul Engelmayer, ordenó la destrucción de toda la información descargada del sistema de pagos por cualquier persona a la que se le haya dado acceso desde el 20 de enero.
Además señaló que “el riesgo que la nueva política presenta de divulgación de información sensible y confidencial, es latente. Y es un mayor riesgo que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes de la piratería informática”.
La orden del juez, emitida este sábado, se produduce en respuesta a una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 18 fiscales generales estatales del país, contra la administración Trump.
La demanda alega que el equipo liderado por Musk que son parte del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés y formado por jóvenes asociados, categorizados como “empleados especiales del gobierno” han recibido acceso ilegal al sistema del Tesoro que anteriormente estaba restringido a empleados específicos del gobierno.
Asimismo, la demanda señala que la conducta de los miembros de Doge presenta un riesgo de seguridad único para los Estados y los residentes de los Estados cuyos datos se conservan.
Engelmayer dijo que estaba de acuerdo con la evaluación de los estados de que los cambios abruptos en la política implementada por la administración Trump habían creado un riesgo de que los datos sensibles fueran revelados o que el sistema pudiera ser hackeado.
También dijo que era muy probable que los estados demostraran que el nuevo acuerdo era legalmente inapropiado.
En otro revés legal para la administración Trump, un juez nombrado por el presidente Trump, también acordó bloquear una orden que habría dado a los miles de trabajadores de la agencia USAID en el extranjero.
Esto después de que el gobierno quisiera poner en licencia administrativa solo 30 días para trasladar familias y hogares de vuelta a Estados Unidos a expensas del gobierno.
Y la administración de Trump ha señalado que los votantes dieron el mandato en las urnas, y que el presidente Trump se lleva del pensamiento que las promesas hechas se deben cumplir.
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