España tiene que ponerse las pilas a la hora de transponer las directivas que provienen de la UE porque ahora mismo va con retraso a la hora de adoptar 29 de ellas, que ya han cumplido el plazo marcado por Bruselas y hay otras dos cuyo margen está a punto de caducar, la primera sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y la segunda en relación con la mejora de la configuración del mercado de la electricidad de la Unión. Así se recoge en un informe publicado este martes por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Por otro lado, según datos de diciembre de 2024 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, España está pendiente de transponer 87 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026.
En general, el 46% de las leyes aprobadas en España durante el año pasado provinieron de decisiones que se toman a nivel de la Unión Europea. Entre las directivas aprobadas en 2024 figuran la de calidad de aire, que establece límites más estrictos a la emisión de contaminantes a la atmósfera; la directiva que refuerza la lucha contra la trata de personas, incluyendo nuevas modalidades de explotación, como la maternidad subrogada, la adopción ilegal y el matrimonio forzado; o la que, por primera vez, establece un marco supranacional para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en toda la UE
A lo largo de 2024, el Congreso y el Senado han aprobado un total de 24 leyes. De ellas, once normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, es decir, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas.
De esas once normativas con origen europeo, cinco trasponen directivas europeas al ordenamiento jurídico de España o bien se adaptan o desarrollan aspectos de reglamentos europeos. Se trata de las Directivas sobre conciliación familiar y profesional; representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas; intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea; la aplicación de un impuesto a multinacionales o el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales (DSA).
Las otras seis leyes aprobadas este 2024 contienen referencias o se basan en disposiciones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición.
Además, en el año que acaba de terminar, se han aprobado 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación en todos los Estados miembros y, por tanto, ya forman parte del conjunto de leyes españolas. La mayoría tienen que ver con la transición ecológica, el mercado interior o la migración.
