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Por: Itzel Olivo
En los primeros días de enero del 2025, evidencia aumento alarmante en los delitos cibernéticos, especialmente aquellos dirigidos a políticos y funcionarios públicos. Varios de estos casos han dejado a los involucrados sin control sobre sus cuentas personales, dejándolos a merced de las “diabluras” de antisociales, quienes roban informaciones, realizar estafas y recurren hasta pedir dinero en sus nombres.
Entre los más recientes afectados se encuentran Melanio Paredes, exministro de Educación; Franco de Los Santos, exdirector de IDECOOP; y Radhamés González, director de la OMSA. Además, también fueron hackeados Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública; Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; y Eligio Jáquez, cónsul en Nueva York.
Otros casos destacados incluyen a Luis Abinader, presidente de la República, y Milagros Germán, ministra de Cultura, quienes sufrieron ataques cibernéticos en mayo de 2024, en sus cuentas de X, previo a las elecciones presidenciales celebradas el 19 de mayo.
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El 7 de enero, se produjo el hackeo de la cuenta de WhatsApp del director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía. La institución emitió un comunicado para alertar a la población y pedir precaución con los mensajes sospechosos que pudieran haber sido enviados desde su cuenta.
El 8 de enero, exdirector del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Franco de Los Santos, denunció en su cuenta de X que su número de WhatsApp había sido hackeado.
A través de una publicación, instó a sus seguidores a estar atentos a cualquier mensaje extraño que pudieran recibir en su nombre, mientras las autoridades trabajaban para resolver la situación.
El 9 de enero, sale a la luz la usurpación del WhatsApp del administrador general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González. La OMSA notificó el incidente y aseguró que las autoridades competentes ya estaban trabajando para resolver el problema lo antes posible.
En octubre del 2024, González reportó que su cuenta en redes sociales había sido manipulada, generando mensajes falsos que causaron confusión pública Es la segunda vez que el González, ha sido víctima de este delito.
El 4 de enero de 2025, también fue hackeada la cuenta de WhatsApp del exministro de Educación, Melanio Paredes. En su nombre, los delincuentes estaban solicitando dinero a sus contactos, lo que llevó a Paredes a hacer un llamado urgente a la población para no caer en la estafa.
Estos incidentes reflejan una tendencia preocupante en el ámbito de la alta tecnología y la seguridad informática, que afecta a figuras políticas y figuras públicas. La situación no parece mejorar, y cada vez más personas se suman a la lista de víctimas de estos delitos.
Los hackeos del 2024: Una creciente amenaza
Si bien los incidentes más recientes son alarmantes, el 2024 también estuvo marcado por una serie de hackeos a figuras políticas y funcionarios del gobierno.
El 8 de julio de 2024, la cuenta de WhatsApp del director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, fue hackeada. A través de un comunicado, Alcántara alertó a sus contactos para evitar ser engañados por los delincuentes que estaban solicitando dinero a su nombre. En su mensaje, hizo un llamado a la población a estar alerta ante los engaños de estos criminales.
El 4 de julio de 2024, la cuenta de WhatsApp del ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, también fue hackeada. Tras una rápida intervención de los organismos de inteligencia del Estado, Castillo Lugo pudo recuperar el control de su cuenta. En un comunicado, agradeció a las autoridades por su apoyo y explicó que la investigación estaba en curso para identificar a los responsables.
El 13 de junio de 2024, la cuenta de WhatsApp del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también fue hackeada. En su cuenta de X, De los Santos informó a sus seguidores sobre la situación y aseguró que se estaban tomando las medidas necesarias para resolver el problema. El Senado, por su parte, envió un aviso solicitando a los contactos del presidente del Senado que no respondieran ni realizaran transacciones a través de esa cuenta.
El 21 de junio de 2024, el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, denunció que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada. A través de sus redes sociales, Jáquez instó a la población a no dejarse engañar por los delincuentes que estaban usando su nombre para estafar.
Las implicaciones legales y el marco normativo en la República Dominicana
Este aumento de los delitos cibernéticos ha preocupado a los ciudadanos y políticos, La Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología establece una serie de sanciones para quienes cometan estos delitos, que van desde la alteración de datos hasta el robo de identidad y la estafa electrónica.
Según el artículo 5, la divulgación o uso ilícito de códigos de acceso, como los necesarios para hackear una cuenta, puede acarrear penas de prisión de uno a tres años, además de una multa que varía entre 20 y 100 veces el salario mínimo.
El artículo 6, sanciona con penas de prisión de tres meses a un año a quienes accedan ilícitamente a sistemas electrónicos. Asimismo, el artículo 15 penaliza las estafas realizadas por medios electrónicos con penas de hasta siete años de prisión, mientras que el artículo 16, establece hasta cinco años de prisión para quienes cometan chantaje a través de la tecnología. Además, la ley también contempla castigos para el robo de identidad y la alteración de datos, con el objetivo de disuadir el uso fraudulento de sistemas electrónicos.
Los expertos en seguridad informática han hecho un llamado a las autoridades para que se fortalezcan las medidas preventivas y las investigaciones en torno a estos delitos. Los ciudadanos, por su parte, deben estar cada vez más atentos a la seguridad de sus cuentas y ser conscientes de los riesgos asociados con el uso de las plataformas digitales.
Lo hackeos de cuentas de políticos y figuras públicas en la República Dominicana reflejan una creciente amenaza de delitos cibernéticos.
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