- El gobierno de Pedro Sánchez quiere extender el derecho de rectificación a las ‘fake news’ que difundan usuarios de las redes sociales con más de 100.000 seguidores. Una medida dentro de su estrategia para “regenerar” la democracia española.
El gobierno de España ha aprobado un plan para que los ‘influencers’ con miles de seguidores en las redes sociales tengan la obligación de publicar una rectificación, al igual que los medios de comunicación, cuando difundan informaciones falsas o inexactas que perjudiquen a ciudadanos particulares.
Esta medida forma parte de una estrategia para “reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información” impulsada por el ejecutivo español que preside el socialista Pedro Sánchez. Fue uno de los compromisos del mandatario cuando, a finales de abril y tras cinco días de “reflexión” en los que se especuló con su dimisión, anunció que continuaría al frente del gobierno a pesar del “acoso” que sufría su mujer, Begoña Gómez, que ha acabado investigada en los tribunales víctima de “bulos deliberados”, según Sánchez, que entonces prometió “trabajar sin descanso” por “la regeneración pendiente” de la democracia española.
En concreto, el gobierno español propone actualizar la ley que regula el derecho de rectificación, vigente desde 1984, para extenderlo a los medios de “comunicación social” y a los “usuarios de especial relevancia de plataformas de línea”, como considera a aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 en distintas redes sociales.
‘Influencers’ cuyos contenidos tienen un alcance, admite el gobierno de Pedro Sánchez, “mayor que el de los medios tradicionales”, a los que la legislación española obliga desde hace 40 años a rectificar informaciones falsas o incompletas. «Hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades», subrayó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa.
En las redes sociales, algunos de esos profesionales no han tardado en darse por aludidos. “El gobierno impone censura contra tuiteros”, escribió Javier Negre en la red social X, donde acumula más de 300.000 seguidores.
Director de la controvertida plataforma ‘Estado de Alarma’, Negre acumula sentencias en contra por difundir bulos y es una de las voces destacadas de la denominada “fachosfera”, un término importado de Francia que el presidente Pedro Sánchez ha utilizado en el parlamento para referirse a agitadores derechistas con presencia destacada en las redes sociales que se dedican a “politizar, insultar y generar desconfianza” contra el gobierno español de izquierda.
Agitadores como Alvise Pérez, la gran sorpresa política del año en España tras cosechar más de 800.000 votos y tres eurodiputados el pasado mes de junio en las elecciones europeas con su candidatura ‘Se acabó la fiesta’, que se hizo popular en las redes sociales tras la pandemia por propagar teorías conspiranoicas y ‘fake news’: su canal de Telegram se presenta como “un medio de comunicación” que siguen más de 700.000 personas y en el que incluso se hostiga a periodistas “mercenarios”, en palabras de Alvise, que también acumula sentencias judiciales por sus publicaciones.
«Tendremos situaciones de gran inseguridad jurídica”
La propuesta de reforma del derecho de rectificación que propone el gobierno de España también “agilizará” el procedimiento judicial cuando no se atienda el derecho de rectificación, “de tal manera que podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial», según el ministro de Justicia.
A falta de conocer los detalles del proyecto, la profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Sabela Serrano, advierte que esta reforma equipara a periodistas con ‘influencers’, algo que califica como “peligroso” para los profesionales de la información.
“La base del derecho de rectificación es que los periodistas se pueden equivocar obrando de buena fe, y ahora se quiere incluir la información hecha con mala fe. Si equiparamos a los ‘influencers’ a los periodistas, que son profesionales capacitados para investigar y contrastar información, estamos desvirtuando el derecho de rectificación”, sostiene esta docente, que sugiere la inclusión de definiciones precisas sobre qué es un bulo, la desinformación o los pseudomedios en la nueva norma.
“Porque si no, tendremos situaciones de gran inseguridad jurídica”, añade Sabela Serrano, partidaria de que la responsabilidad en la difusión de noticias falsas recaiga en los responsables de las plataformas y redes sociales. “En cualquier caso, el derecho a la rectificación afecta a datos y a hechos, no a opiniones. Nunca se puede alegar una rectificación a la opinión de alguien”, apostilla esta profesora universitaria.
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