SANTO DOMINGO.-Luego del Tribunal Constitucional (TC) anular la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), núm. 1-24, por ser no conforme con la Constitución, Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reaccionó asegurando que esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y derechos fundamentales.
En ese sentido, el expresidente de la República reiteró su compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo.
Fernández se pronunció a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), recordando que la acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue interpuesta por su partido, la Fuerza del Pueblo (FP), junto con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Destacó que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley en cuestión mediante la sentencia TC/076/24, aceptando el recurso presentado por los partidos opositores. En su mensaje, enfatizó que esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos. También reiteró su compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo, dejando claro el respaldo de su partido a la protección de las garantías constitucionales en el país.
Fue mediante la sentencia TC/0767/24 de fecha 6 de diciembre de 2024, que el TC acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta.
El tribunal consideró que la Ley 1-24 debió ser aprobada conforme al procedimiento establecido por la Constitución para las leyes orgánicas, tomando en cuenta de que esa ley regula aspectos de la seguridad nacional y defensa del Estado, una de las áreas que, conforme a la Carta Sustantiva, requiere regulación mediante esta categoría de leyes.
A juicio del Tribunal Constitucional, para que una ley sea considerada como orgánica no solo debe versar sobre una de las materias señaladas por el artículo 112 de la Constitución y contar con los votos de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras legislativas, sino que, en adición, la pieza legislativa debe consignar expresamente en su nombre y, muy especialmente, en las convocatorias que se realizan para su trámite legislativo que se trata de una ley con carácter orgánico, lo que no ocurrió con la Ley 1-24 que no establecía en su título que se trataba de una ley de ese tipo, ni en las actas del congreso ni en las convocatorias se consignó tal naturaleza.
Sobre el tema
Los ataques a la Ley de la DNI surgieron porque el documento incluye un artículo que ordena a todos los dominicanos a entregar informaciones privadas a la entidad sin la orden de un juez.
Esto provocó que varias entidades de la sociedad civil dominicana se unieran para solicitar su modificación, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios.
Debido a estas exigencias, el pasado 19 de septiembre el Gobierno se vio en la obligación de someter ante el Senado de la República el proyecto de ley que buscaba modifica la referida ley, la cual fue aprobada el 15 de enero de 2024.
El envío al hemiciclo se produce, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto de las modificaciones.
Al igual que los partidos señalados más arriba, la Fuerza Nacional Progresista también solicitó la modificación a dicha pieza.
La petición fue hecha mediante una propuesta sometida ante el Senado el 1 de febrero por los exlegisladores Pelegrín y Vinicio Castillo, a través del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Los artículos que la FNP sugería que fueron reformulados en el Congreso Nacional eran el 2,4,11,13, también los numerales 4, 5 y 9.