A pocas horas de celebrar el Día de Acción de Gracias líderes de grupos comunitarios se unieron para enviar un mensaje al presidente electo Donald Trump: “No a las deportaciones y sí a ley de registro.
“¿Qué es lo que queremos? ¡Reforma!”, decía el grupo durante una conferencia de prensa afuera de la Plaza Olvera. “¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!”.
Después de una victoria con 50% de los votos, el presidente electo Donald Trump asumirá el cargo de presidente de Estados Unidos una vez más y ha dicho que priorizará las deportaciones y cerrar la frontera.
Los activistas subrayan que cualquier deportación desestabiliza la economía en todo el país ya que los trabajadores migrantes calificados sin documentos se han convertido en esenciales y fundamentales en Estados Unidos, en varias áreas como el campo, en la construcción y en el servicio.
“Las deportaciones de migrantes trabajadores calificados afectaría a todos los ciudadanos en Estados Unidos y el número es grande porque la necesidad de trabajadores para la economía siempre ha ido en aumento…. Exigimos al Senado y al Congreso que actualicen la Ley de Registro HR 1511, para que la comunidad migrante trabajadora pueda vivir y trabajar sin temor y pueda contribuir mejor a la economía de los Estados Unidos de América”, dijo Alicia Flores, directora ejecutiva de la Hermandad Hank Lacayo Youth & Family Center en Oxnard.
HR 1511 ampliaría la elegibilidad para un programa que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a otorgar, a su discreción, el estatus de residente permanente legal a ciertos residentes de larga duración en los Estados Unidos, incluyendo a individuos que están presentes ilegalmente.
Durante la conferencia de prensa, la gerente del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) Ianai Molina, que fue recipiente de DACA en el 2012, habló sobre la necesidad de mantener la esperanza y la lucha para la comunidad migrante.
“Hoy les pido que den su voz, que no pierdan esa fe y que sigan adelante por nosotros porque nuestros papás, nuestras comunidades aquí lucharon y trabajaron duro para traernos y darnos la vida que nos merecemos”, dijo Molina.
Según el sitio web de la campaña de Donald Trump, en una gran lista de 20 prioridades, su primera prioridad es “cerrar la frontera y detener la invasión migratoria” y la segunda es “llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
“Completaremos el muro fronterizo, trasladaremos grandes porciones de la Policía Federal a la Policía de Inmigración y utilizaremos tecnología avanzada para vigilar y asegurar la frontera”, dice un documento en la plataforma del presidente electo. “Usaremos todos los recursos necesarios para detener la invasión, incluyendo el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero a nuestra propia frontera sur”.
Además, ayudantes de Trump dicen que priorizarán a los migrantes con antecedentes penales y órdenes de deportación anteriores, que suman cientos de miles, según un reporte del New York Times.
Más que nada los líderes de los diferentes grupos comunitarios expresaron la importancia de informar a la comunidad migrante sobre sus derechos.
“Lo que tenemos que hacer es crear defensorías para darle información a nuestra gente, a nuestra comunidad”, explicó Vicente Ortiz, director de la Asociación de Jaliscienses Unidos (AJUA). “Hay personas que no saben ni cómo van a reaccionar si llega un agente de migración a su casa y tienen que saber sus derechos, entonces nosotros estamos preocupados por esa situación y queremos crear esas defensorías”.
Según Rafael Fabian, gerente del Programa de integración de inmigrantes en COFEM, después de que Trump ganara la elección comenzó a asociarse con otras organizaciones para informar y apoyar a la comunidad migrante sobre sus derechos.
“Tenemos planeadas varias sesiones que van a desarrollar en el condado de Riverside y Los Ángeles donde vamos a estar hablándole a las personas directamente de sus derechos que tienen bajo este país”, dijo Fabian.
Agrega que, si alguien es detenido por la policía, solamente debe proporcionar su nombre, no contestar ninguna pregunta y pedir hablar con un abogado o pedir hablar con el consulado de su país de origen.
Fabian dice que existen millones de familias que no están preparadas en caso de que alguno o los dos padres sean detenidos.
“Qué es lo que va a suceder con estos hijos ciudadanos menores de edad, quién va a ser responsable de su cuidado, de sus decisiones en temas de salud, de escuela”, dijo Fabian. “Queremos prepararlos informándoles acerca de los famosos poderes notariales y buscar una persona con la que ellos tengan confianza para poder delegar esa responsabilidad en momento que ellos sean detenidos y no puedan tener acceder o ejercer su derecho de paternidad con sus hijos en este país”.
El gerente del Programa de integración de inmigrantes en COFEM terminó con subrayar que a pesar de lo que se escuche la ley de Estados Unidos es la Constitución.
“No es el presidente, no es el Senado, no es el Congreso”, dijo Fabian. “Aun cuando se tome una acción a través de cualquiera de esas ramas de gobierno, las personas tienen derecho y pueden pelear sus derechos en corte”.
