Redacción.- Dictan prisión preventiva como medida de coerción a siete de los 10 implicados en la Operación Pandora, presunta red criminal que sustraía proyectiles de la Policía Nacional.
A los demás implicados, arresto domiciliario y garantía económica.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Tribunal, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, detalló que, de las 10 personas físicas imputadas, junto con una persona moral, se impuso prisión preventiva a 7 de los imputados.
Además, se dictó arresto domiciliario para otro de los implicados, medida que, según Camacho, fue solicitada previamente por el Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal determinó que otros dos imputados, Víctor Santos y Ángel Gómez, deberán pagar una garantía económica de 3 y 2 millones de pesos, respectivamente, además de un impedimento de salida del país y la obligación de realizar visitas periódicas.
Asimismo, expresó su satisfacción con la decisión del Tribunal en el caso en cuestión. Destacó la forma en que el Tribunal valoró la gravedad de los hechos presentados durante el proceso. «Estamos satisfechos con la decisión del Tribunal y con la manera en que se ha evaluado la importancia de los hechos en este caso», señaló Camacho.
Camacho subrayó que la prisión preventiva fue la medida más comúnmente aplicada, reiterando el compromiso de la Procuraduría con la persecución de la corrupción administrativa y la lucha por la justicia en casos de gran relevancia social.
Sobre el caso
En la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, indica que, los oficiales y agentes policiales implicados en Operación Pandora, además de supuestamente sustraer y vender municiones del arsenal de la policía, también ofertaban armas, vía WhatsApp.
En ese sentido, la única imputada civil está dispuesta a colaborar con las autoridades sobre su relación con la presunta participación en la sustracción de más de 900 mil proyectiles de los almacenes de la Policía Nacional.
Se atribuye a los acusados haber obtenido apróximadamente 65 millones de pesos por las más de 900 mil municiones sustraídas y vendidas a bandas criminales.
Detalla el documento contra los imputados en la operación Pandora, que el coronel Narciso Antonio Feliz Romero había adquirido un jeep marca Kia Sorento e iniciado una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel, producto de estas actividades ilegales
En tanto, que las municiones sustraídas del arsenal de la Policía Nacional tienen distintos niveles de letalidad. Según el órgano investigador, en la auditoría realizada faltaban cartuchos utilizados para lanzagranadas, para armas de guerra, para fusiles de asalto y para rifles de francotiradores.
