Santo Domingo.- La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez, planteó que República Dominicana ha tenido un notable crecimiento económico en los últimos años, muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía la economía sigue enfrentando obstáculos estructurales que limitan su potencial.
Al dictar la conferencia “El impacto de la libre competencia en la actividad económica y el bienestar social” en la Feria del Libro Jurídico 2024 organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Vásquez citó que algunos de esos obstáculos son la alta informalidad, el bajo nivel de encadenamiento productivo y la baja productividad en sectores claves de la economía como la agropecuaria y la industria que provocan bajos salarios.
“Para enfrentar estos desafíos necesitamos mercados con un mayor nivel de competencia que aumente la eficiencia de los sectores con alto impacto en la generación de empleos; la reducción de las desigualdades territoriales, la disminución de la concentración económica y lograr una mayor inserción en las cadenas globales de valor gracias a nuestra posición geográfica que es una ventaja competitiva”, planteó.
Refirió que un estudio del Banco Mundial, en el que se analiza la productividad del país, señala que al reducir en un 1 % distorsiones internas como los monopolios y carteles, barreras de entrada al mercado, y los altos costos de la energía, el producto interno bruto (PIB) del país podría aumentar en 1.5 % por encima de la tendencia actual.
Medidas necesarias
Vásquez Taveras recordó que entre el 2010 y el 2020 se produjeron 54 fusiones y adquisiciones por un valor de $ 1,700 millones dólares, la mayoría en sectores no regulados, y no se consideró el impacto que esto tiene en los mercados debido a que la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia no contemplaba un mecanismo de control preventivo de fusiones y adquisiciones empresariales que permitiera medir el impacto de estas fusiones en el clima de libre competencia en los mercados.
Indicó que es por esto que urge lograr una reforma de la ley para incluir un régimen de control preventivo para las fusiones empresariales y medidas más estrictas contra la competencia desleal, un criterio de fijación del monto de las multas que resulte más eficiente y disuasorio, entre otros aspectos.
Finalmente, señaló que la ley necesita adecuarse a los cambios que han experimentado los mercados, como es el auge de los mercados digitales y el aumento de poder grandes empresas tecnológicas.
