La orden de detención emitida este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le impide viajar a los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma. Esta medida coloca al líder israelí en una posición similar a la del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien también enfrenta una orden de arresto por crímenes de guerra relacionados con la guerra de Ucrania.
El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha recordado que la orden es “vinculante” para todos los Estados miembro de la UE, ya que los 27 países han ratificado dicho tratado. “No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse”, ha subrayado Borrell.
De hecho, la CPI no dispone de un cuerpo policial propio y depende de la colaboración de los Estados firmantes para proceder a los arrestos. Sin embargo, aunque la orden de detención es obligatoria para el centenar de países firmantes, no siempre se cumple: Putin visitó este año Mongolia con la connivencia de las autoridades locales, que debían acatar los dictámenes de la corte.
Además, al igual que Israel, EEUU, China y Rusia no forman parte del Estatuto de Roma, lo que reduce el alcance de la medida. La falta de apoyo de algunas de las principales potencias mundiales refleja las dificultades que enfrenta la CPI para ejercer su autoridad sobre ciertos líderes y plantea dudas sobre la efectividad de la orden de detención contra Netanyahu.
Así, Netanyahu técnicamente podría seguir viajando siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran la Corte Penal Internacional. Desde los atentados del 7 de octubre, el líder israelí solo ha viajado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a EEUU: en julio para una visita oficial y en septiembre con motivo de la principal sesión de la Asamblea General de la ONU.
En contraste, antes de los ataques, Netanyahu visitó en 2023 varias naciones firmantes del Estatuto de Roma, como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Sin embargo, con la orden de detención en vigor, cualquier viaje a estas regiones podría implicar el riesgo de un arresto inmediato.
