El Gobierno comenzó a reajustar sus planes de ejecución de proyectos que serían financiados con los recursos adicionales de la reforma fiscal, después del rechazo que generó esta iniciativa y de su consecuente retiro del Congreso Nacional.
La administración del presidente Luis Abinader suspendió la licitación para construir el Tren Metropolitano de Santo Domingo con el objetivo de replantear el proyecto bajo el modelo de alianza público-privada (APP).
Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, dejó en claro que el Estado tiene dificultades para satisfacer las demandas de los médicos, quienes amenazan con un paro de tres días, debido a que proyectaban conceder algunas mejorías con el dinero extra que produciría la Ley de Modernización Fiscal.
El economista Henri Hebrard considera que entre las obras que se plantearon, las que presentan una alternativa más fácil son las que tienen que ver con transporte “porque esas compañías están acostumbradas en otros países a hacer ese tipo de montaje y a las alianzas público-privada.
Advierte que “la administración de los ingresos de lo que será el Tren Metropolitana quedaría en manos privadas” y que bajo este esquema el proyecto se tomará más tiempo.
El diputado Tobías Crespo cree que hay otros problemas detrás de la suspensión del concurso que tienen que ver con incapacidad técnica.
“Ahí hay muchas situaciones problemáticas. No es solamente porque no hay dinero. Ha habido incapacidad técnica… Incluso ellos, el jueves, aprobaron un contrato con dos adendas de fideicomiso para buscar fondos para el Fitram (Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo)”, cuestionó el legislador.
Cuando el presidente Luis Abinader presentó su Ley de Modernización Fiscal prometió distribuir el dinero en 13,043 millones de pesos para seguridad ciudadana, 10,870 millones de pesos para atención primaria en salud, 11,000 millones de pesos para los gobiernos locales, 22,233 millones de pesos para recapitalizar Banco Central y 18,000 millones de pesos para reducir el déficit del sector eléctrico.
En este último aspecto, Hebrard consideró que la única alternativa que tiene el Gobierno para lograr la inversión que requiere el sistema es vender activos, tales como Punta Catalina. Estima que con el valor del 30 al 40 % de las acciones el Estado podrían hacer las inversiones que requieren las empresas distribuidoras de electricidad.
La reforma tributaria implicaba contadores, transformadores y redes de distribución mantenimiento.
Además, contratar a 20 mil agentes para la frontera, construir 116 nuevos destacamentos y miles de unidades de atención primaria para 5.8 millones de beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud.
Tampoco tendrá efecto el aumento del alcance de los programas sociales, con lo que elevarían la transferencia del programa Supérate de 1,650 pesos a 2,000 pesos mensuales, para un incremento anual del gasto de más de 5,000 millones de pesos.
Presupuesto sin reforma
La propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2025 (PGE 2025) que depositó el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional no contemplaba esa reforma tributaria y estimó un aumento en las recaudaciones tomando en cuenta los factores internos y externos que influirán sobre la economía.
El Informe Explicativo del referido proyecto sí planteó una serie de medidas para que la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) mejoren su eficiencia y eviten la evasión.
Proyectó ingresos fiscales que ascenderían a 1,239,893.2 millones de pesos, excluyendo 1,471.5 millones de pesos de donaciones, para un incremento de 1.5 % respecto al presupuesto reformulado del 2024, es decir, 18,907.6 millones de pesos adicionales.
Con la reforma fiscal fuera del juego, el presupuesto 2025 solo contempló continuar las obras de transporte que están en ejecución en Santiago y la capital.
Aun sin reforma, el presupuesto 2025 contempla para la Estrategia de Atención Primaria una inversión de 9,692.0 millones de pesos, con el objetivo de alcanzar seis millones de atenciones.
El PGE 2025 plantea que “se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias de Supérate“. La directora de ese programa, Gloria Reyes, ha dicho que no habrá ningún cambio en ese sentido.
Al Ministerio de Interior y Policía se le ha aumentado el presupuesto para el 2025 hasta los 73,632.0 millones de pesos, para un incremento de 10,275.9 millones de pesos (16.2%) con relación al 2024. De éstos, 33,304.9 millones de pesos (45.2 %) serán transferidos al programa de servicios de seguridad ciudadana y orden público.