La policía peruana detuvo el jueves al presidente de la federación peruana de fútbol junto a otras siete personas, en medio de una investigación fiscal por presuntamente integrar una presunta organización criminal y participar en delitos como lavado de activos, fraude, extorsión, coacción y falsedad genérica.
El fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez-Cotrina, dijo el jueves a la radio local RPP que la investigación contra Agustín Lozano, de 53 años, se desarrolla desde hace más de un año y que el pedido de su detención se produjo para evitar un “peligro de obstaculización y fuga”. La orden de detención es en total para 12 personas, pero sólo se han detenido al momento a ocho, dijo el fiscal.
Lozano es el segundo máximo dirigente del fútbol peruano detenido bajo una investigación fiscal. En 2018 su antecesor, Edwin Oviedo, dejó el cargo tras ser encarcelado mientras era investigado por otros delitos.
Las televisoras locales mostraron el jueves imágenes de la policía llevando a Lozano con las manos esposadas tras sacarlo de su vivienda. En el momento en que Lozano ingresó a un auto policial dijo a la prensa “esto se va a aclarar, sólo quiero pedir tranquilidad a mi familia y a todas las personas que confían en mí”.
En otro punto de Lima, también se vio a policías rompiendo a mazazos la puerta metálica, pintada de rojo y blanco, del complejo deportivo donde entrena la selección peruana de fútbol.
Un documento fiscal de 140 páginas, obtenido por The Associated Press, indica que el grupo dirigido por Lozano buscaba “controlar la federación peruana de fútbol para beneficio propio y de otros”. Se detalla que se modificaron acuerdos que otorgaban a los clubes locales de primera división la exclusividad sobre los derechos televisivos de sus encuentros, para beneficio de Lozano y su grupo.
El documento fiscal precisa que un denunciante indicó que la organización criminal “viene extorsionando a los clubes profesionales” indicándoles que “perderán la categoría si no ceden sus derechos”.
Asimismo, se detalla que Lozano usó 1,8 millón de dólares de la federación para financiar vuelos, hospedaje, alimentación y transporte de 142 personas ajenas a la federación en 2022 durante el repechaje intercontinental entre Australia y Perú en Doha, donde la selección perdió 5-4 por penales y no se clasificó al Mundial de Qatar ese mismo año.
De igual modo, la fiscalía detalla que Lozano habría usado dinero de la federación para entregarlos a clubes de primera, segunda división y ligas departamentales “para asegurar votos a su gestión a cambio de beneficios, dádivas y hacer caso omiso a presuntas irregularidades en el manejo de la federación”.
El documento fiscal también menciona que, durante un allanamiento previo en las instalaciones de la federación, en 2023, se halló a siete personas que vivían en los cuartos destinados a los jugadores de las divisiones menores y a los jugadores de la selección.
No es la primera vez que Lozano se encuentra en problemas. En 2023 la fiscalía pidió enviarlo a la cárcel por seis años por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando era alcalde de Chongoyape, donde gobernó por dos periodos entre 2011 y 2018.
Lozano asumió la presidencia de la federación a fines de 2018 en reemplazo de Oviedo, un empresario que dejó el cargo de forma abrupta cuando fue encarcelado entre 2018 y 2020 mientras era investigado por su responsabilidad en dos asesinatos de los que años después fue absuelto.
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