La Suprema Corte de Justicia de México desestimó el martes las acciones que buscaban detener la reforma judicial luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para declarar su inconstitucionalidad.
Sólo siete de los 11 ministros del alto tribunal respaldaron el proyecto de sentencia que contemplaba la invalidez de parte de la reforma y suspendía la elección por voto popular de los jueces.
Al no lograrse los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, el máximo tribunal decidió desestimar las acciones de impugnación de la iniciativa que presentaron varios partidos opositores.
Ahora el gobierno y el Congreso tienen el camino libre para llevar adelante la reforma que contempla una renovación del poder judicial sin precedentes en la historia reciente de México. Previo a su aplicación la iniciativa desató una crisis ante las protestas y huelgas que protagonizaron miles de jueces y empleados de los tribunales.
La ambiciosa reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —quien por años mantuvo una pugna con la Corte y algunos magistrados que le echaron para atrás algunas de sus reformas— y ha contado con el irrestricto apoyo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, desde que asumió el gobierno el mes pasado.
En el proyecto sentencia se había planteado la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027. Este es uno de los puntos clave de la reforma que aprobó el Congreso, de mayoría oficialista, a mediados de septiembre.
La propuesta sólo mantenía la elección de los ministros del alto tribunal y de los integrantes del Tribunal Disciplinario y la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, las medidas de austeridad, la extinción de los fideicomisos del poder judicial, y la creación de un órgano de administración.
En su pulso con la Corte, Sheinbaum afirmó el lunes que no está dispuesta a negociar “lo que ha decidido el pueblo y ya es parte de la Constitución”, y planteó que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. La mandataria adelantó que de invalidar parte de la reforma ya cuenta con “un plan”, pero no ofreció detalles.
En esa misma línea, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para blindar los cambios hechos a la Carta Magna y evitar que las modificaciones puedan ser detenidas en los tribunales.
La sesión del alto tribunal se da a menos de una semana de que ocho ministros, entre ellos Piña, presentaran su renuncia en el Senado. Esta se hará efectiva en agosto del 2025, luego de que se elijan los nuevos integrantes del cuerpo.
Los ministros decidieron dimitir en cumplimiento de la reforma que prevé que los juzgadores que no vayan a competir en las elecciones de mediados del próximo año deben renunciar para no perder sus beneficios laborales.
La decisión no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes se mantendrán en sus cargos.
Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participaran en los comicios judiciales.
La reforma del poder judicial ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en riesgo la independencia judicial y representaría un golpe al sistema de contrapesos del Ejecutivo en México.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
Pero López Obrador y Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a limpiar de corrupción el poder judicial y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.
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