Hay trabajos que los periodistas preferiríamos no tener que hacer. Uno de ellos es dar voz a mujeres y hombres que han sufrido abusos por parte de políticos y que se sienten desamparados por los partidos y el sistema judicial.
Cristina Fallarás ha recibido en España testimonios de cientos de mujeres que cuentan que han sufrido violencia de género por parte de políticos, publicándolas anónimamente en Twitter y en Instagram. En el Reino Unido, también hubo víctimas que compartieron sus abusos a manos de diputados de forma anónima en el podcast The Open Secret, de Sky News, que salió hace dos años.
“Tenemos que preguntarnos qué no funciona cuando las personas sienten que su último recurso, que su única forma de obtener justicia y una resolución, es acudir a un periodista”, reflexiona la periodista política de Sky News, Liz Bates, en el programa Woman’s Hour de la BBC.
El podcast de Bates nació tras las acusaciones por parte de dos hombres contra el diputado conservador Chris Pincher, revelaciones que contribuyeron a la dimisión de Boris Johnson como primer ministro del gobierno británico.
Una joven contó en el podcast de Bates que la aconsejaron no denunciar un caso de agresión sexual por parte de un diputado, que llegó luego a un puesto alto con el gobierno de Johnson. Otra mujer explica que sí denunció internamente un tocamiento por parte de otro alto cargo del Partido Conservador y la respuesta fue que un compañero quiso tapar la historia, argumentando: “Es muy guapo; no hubiera necesitado hacerlo”.
Igual que ahora en España con el caso de Iñigo Errejón, una pregunta clave en Reino Unido fue si se dejó sin investigar acusaciones para no perjudicar al partido y si hubo conocimiento de mala conducta cuando se nombró a esas personas para altos puestos.
Bates tituló el podcast El Secreto a Voces porque el acoso en Westminister era sistémico: a veces acusaciones en concreto contra políticos británicos provocaron mensajes de compañeros o conocidos a periodistas, diciendo que sabían de la mala conducta de la persona, o que incluso tenían conocimiento de otros delitos cometidos o que la persona tenía un apodo revelador. Muchos jóvenes no denunciaron porque temían que los vieran como desleales al partido o que les afectara en sus trabajos.
A raíz de los numerosos delitos de agresiones sexuales cometidos por políticos británicos de todos los partidos en los años del gobierno de Johnson, dos sindicatos representando a mil trabajadores del Parlamento Británico exigieron, entre otros, más medidas. “Los partidos políticos de todas las ideologías han mostrado una y otra vez que no nos podemos fiar de ellos para que se ocupen de una mala conducta sexual por parte de uno de los suyos“, escribieron los secretarios generales de los sindicatos FDA y Prospect en una carta citada en The Guardian.
Cómo resultado, el Parlamento Británico votó en mayo medidas de “tolerancia cero” para cualquier diputado que cometa acoso o agresión sexual, incluyendo un proceso para evaluar el riesgo de una persona denunciada para prohibirles acudir a Westminster.
De momento, no sabemos si hay una cultura generalizada de diputados españoles que se sienten impunes por el poder que tienen. Que el caso británico sirva como lección. “A mí me gustaría que en 10 años nadie me contara una historia así”, dice Bates, “que ellas se sientan empoderadas si pasa, que haya sistemas para resolver estos casos”.