Roma.- El descubrimiento de una «organización» en Italia que robaba datos sensibles de políticos e instituciones ha suscitado gran preocupación por su envergadura y posibles vínculos extranjeros y varios partidos ya exigen reforzar la estructura informática nacional y endurecer la ley contra la piratería.
Los investigadores advierten en sus documentos, publicados en parte por los medios este lunes, que la trama era «peligrosa» para la democracia porque, con los datos robados, «podría haber tenido en un puño a ciudadanos e instituciones».
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Este sábado la Fiscalía de Milán (norte) anunciaba el hallazgo de una «organización» que había presuntamente robado y vendido informaciones confidenciales de bancos de datos «estratégicos» del Estado sobre ciudadanos, políticos, periodistas o celebridades.
En el centro del caso están la agencia privada ‘Equalize’ y sus dos dueños, el presidente de la Feria de Milán, Enrico Pazzali, y Carmine Gallo, un policía jubilado que ha sido puesto en arresto domiciliario, así como el hacker Samuele Calamucci, también detenido, aunque los investigados ascienden a sesenta.
Los imputados responderán de los delitos de asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y revelación de secretos.
El fiscal milanés Marcello Viola explicó que esta organización realizaba por encargo informes con datos robados, a los que accedían con la colaboración de funcionarios con credenciales, y «en algunos casos» terminaban en los medios de comunicación.
Los «clientes» eran estudios legales e «importantes empresas de Italia y del extranjero», sostuvo.
Los investigadores temen que los datos robados hayan acabado en manos de servicios de inteligencia extranjeros o de mafias y, de hecho, con Viola compareció el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo, denunciando lo «extremadamente alarmante» del caso.
De las interceptaciones filtradas se entiende que el grupo tenía poseía 800.000 informes robados a la banca de datos del Ministerio del Interior (SDI) por un grupo de hackers dirigidos presuntamente por Calamucci.
Entre los «espiados» figuran el presidente del Senado, Ignazio La Russa, segundo cargo del Estado, o el ex primer ministro Matteo Renzi, y de las escuchas se deduce que llegaron a interceptar un correo para el presidente de la República, Sergio Mattarella.
Asimismo los investigadores de los Carabineros (policía militarizada) sostienen en un informe difundido por los medios que las empresas de este grupo de piratas informáticos ha ingresado 3,1 millones de euros, la mayoría para la empresa ‘Equalize’.
En los últimos meses en Italia han trascendido varios casos similares, el último el de un teniente de la Guardia de Finanza (policía fiscal), Pasquale Striano, acusado de hacerse con muchos datos «sensibles» entre 2019 y 2020 de famosos y políticos.
Y hasta la primera ministra Giorgia Meloni se ha visto afectada por estos delitos tras ser supuestamente espiada por un empleado del banco Intesa Sanpaolo.
Pero el caso actual ha suscitado una enorme conmoción en la clase política italiana por sus dimensiones y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha subrayado su sospecha de lo trascendido hasta ahora «solo es la punta del iceberg».
Por eso, desde la política ya se valora la posibilidad de endurecer las leyes contra estos delitos. La ultraderechista Liga, socia de la coalición gubernamental de Meloni, ha anunciado que propondrá al Parlamento un proyecto de Ley para «penar más severamente a quien viola la privacidad para extorsionar».
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, el responsable de la seguridad nacional, ha ordenado investigar estos «agujeros» en su base de datos y «definir eventuales medidas y procesos de protección de su estructura informática».
