Cientos de personas rindieron homenaje el lunes en su pueblo natal al padre Marcelo Pérez, el sacerdote católico, defensor de los indígenas y campesinos asesinado la víspera al término de una misa en el sureño estado de Chiapas.
Aunque llevaba casi una década sufriendo amenazas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México desde 2015 medidas de protección, Pérez fue tiroteado el domingo, a pleno día, en San Cristóbal de las Casas, por dos individuos en una motocicleta que dispararon a su vehículo.
Con música en vivo y una misa bilingüe que contó con la presencia del cardenal Felipe Arizmendi, quien el domingo denunció en un comunicado la “impunidad” con la que actuaban los grupos armados, amigos y seguidores del religioso le rindieron un sentido homenaje de cuerpo presente en su pueblo, San Andrés Larráinzar, en las montañas de Chiapas, 50 kilómetros al norte de donde fue asesinado.
El religioso, que era indígena tsotsil con dos décadas en el sacerdocio, era conocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y actos de violencia del crimen organizado. Nunca dudó en criticar la falta de acción de las autoridades.
El lunes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estaba en contacto con el gobernador Rutilio Escandón —también del partido oficialista Morena— para analizar si la fiscalía federal debe atraer la investigación y agregó que el gobierno está coordinando también con las autoridades eclesiásticas “para avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”.
Según dijo, en Chiapas se está trabajando tanto en una intervención social como con labores de inteligencia. Pero, de momento, la violencia no ha dejado de crecer en el estado más pobre de México, al igual que ocurre en otros puntos del país.
“El gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra”, denunció el domingo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una de las organizaciones no gubernametales locales más reconocidas nacional e internacionalmente. “Lejos de su protección, el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala y todos el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
El padre Pérez y la Iglesia católica de la zona no cesaron en denunciar el incremento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las fuerzas armadas. En julio, más de 500 mexicanos huyeron a refugiarse en Guatemala por este motivo.
“Chiapas es una bomba de tiempo”, dijo Pérez hace poco más de un mes en una de las últimas manifestaciones por la paz organizada para exigir acciones a las autoridades.
La ONU, la CIDH y la Iglesia católica mexicana y latinoamericana, así como numerosos colectivos de derechos humanos, exigieron una investigación independiente y exhaustiva del homicidio. Además, los obispos de México urgieron a las autoridades a dar protección para todos los religiosos que viven en zonas de riesgo.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que Pérez es el séptimo defensor de derechos humanos asesinado en México lo que va de 2024.
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