REDACCIÓN.- La Fundación Primero Justicia depositó en el Congreso Nacional, su oposición al Proyecto de Ley de “Modernización Fiscal”, mediante el cual se pretenden aumentar los impuestos a los pobres y a la clase media, para cubrir déficit fiscal generado por el descontrol y despilfarro en el gasto público, al considerar que mientras no se aprueben leyes que garanticen la eficiencia y disciplina en la inversión pública, no se puede aprobar ningún tipo de aumento de impuestos, pues estaríamos exactamente en la misma situación de déficit.
Además, consideraron que esta atentaría con la estabilidad social del país al gravar alimentos y medicinas.
Consideramos que lo conveniente es: a) Consagrar por Ley un tope mínimo de un 30% de gastos de Capital, y un máximo de un 60% en gastos corriente, con pena de 5 años a quien incumplan con dichos topes; b) Consagrar por Ley la austeridad en gasto Público, prohibiendo viajes, arrendamientos, publicidad, memorias, impresos, vehículos, fiestas, bebidas y reducción de nómina a los niveles del 2019; c) Disolviendo las sucursales que órganos estatales han establecidos en el Exterior, y dedicar esos recursos en programas de financiamientos en favor de los Dominicanos en el Exterior, para la adquisición de su primera vivienda en nuestro País; d) Disolver todos los órganos Estatales creados por decreto, dedicando esos recursos a construcción de hospitales; e) Prohibir por Ley, la entrega de ayudas sociales al portador, garantizando bajo penas de cárcel, que los programas sociales solo beneficien a personas cuyo nivel socioeconómico justifique su ayuda, prohibiendo la asignación de ayudas a través de políticos, diputado, senadores y funcionarios públicos; y e) Revisar los 300 mil pensiones otorgadas por razones políticas, que rondan los RD$5,000 millones de pesos, algunas de las cuales asciende a RD$200,000.00 en favor de relacionados a funcionarios de turno.
Con dichas medidas el Estado Dominicano se ahorraría RD$200,000 millones de pesos Dominicanos, con lo cual no sería necesaria la eliminación de las exenciones a sectores claves de nuestra economía como lo son, la industria, el turismo, el cine, la salud y la propiedad inmobiliaria de pequeña, pues dependemos fundamental de la posibilidad de atraer inversión extranjera, que de aprobarse dichos impuestos, se irían a otros destinos, con la subsecuente perdida de miles de empleos, dijo Surun Hernandez.
