La Unión Europea tiene dos problemas con la migración: no sabe cómo abordar el tema y lleva diez años volviendo a ese debate, sin soluciones claras, cada cierto tiempo pese a haber cerrado un pacto migratorio que, primero parecía imposible, y ahora no convence a casi nadie. Lo cierto es que la gestión migratoria, sobre todo, recae en manos de los países y al ser un debate con tanta carga ideológica… polariza, divide, da y quita votos, provoca auges y caídas de popularidad y da un marco relevante sobre todo a la derecha radical. De momento, la presidenta de la Comisión Europea quiere que los países “busquen vías alternativas” para controlar la migración.
No obstante, el Ejecutivo comunitario matiza que no sería una vía inmediata, porque la legislación actual no lo permite. “Actualmente no es posible en la Unión Europea tener esa opción”, esgrimió en rueda de prensa en Bruselas la portavoz comunitaria de Interior y Migración, Anitta Hipper, antes de confirmar que para poder implantar ese tipo de centros el bloque “necesitaría antes regular la vuelta forzada de migrantes a un país que no sea el suyo de origen”.
Ahora, ¿qué están haciendo los gobiernos para tomar medidas?
Meloni y el acuerdo con Albania
Soluciones “imaginativas”. Eso es lo que le pide ahora la Comisión Europea a los países, con el modelo de referencia de Giorgia Meloni, que llegó a un acuerdo con Albania para enviar allí a los migrantes que intenten llegar a Italia. Este parece un buen plan a ojos de Bruselas, y por eso plantea a los 27 la opción de extender esta estructura más allá del pacto Roma-Tirana. Se da además en la misma semana que llega el primer barco al país balcánico procedente del transalpino.
“Albania se confirma como una nación amiga y, aunque todavía no forma parte de la Unión Europea, se comporta como si fuera un país miembro”, expresó la líder italiana, entre protestas de las ONG ante el pacto, que consideran “un ataque contra el derecho al asilo”. Tan peliagudo ha sido que Bruselas ya ha pedido información al Gobierno italiano sobre lo firmado con Albania, que además es un país candidato a la adhesión a la UE. Una vez que dio el visto bueno a esa dinámica, Bruselas quiere copiarla.
Estos centros se prevé que tengan capacidad de hasta 3.000 personas y estarán del todo listos en la primavera de 2024, a pleno rendimiento, aunque los movimientos ya se están dando desde hace unos días. En ellos, sostuvo Meloni, se hará tareas tanto de atención como de control, y también parte de los trámites para las repatriaciones. Es decir, son centros de espera mientras se resuelven las solicitudes de asilo.
Polonia y Hungría levantan alambradas
Los acuerdos con terceros países han sido un pilar clave para Bruselas en los últimos tiempos, aunque algunos de ellos, como el alcanzado con Túnez (o el que se firmó con Turquía en 2015) fueron objeto de duras críticas. Pero Von der Leyen sigue en esa premisa con la idea, dice, de “ayudar a quienes buscan asilo sin tener que embarcarse en viajes peligrosos a través del Mediterráneo”. Así, esta será una prioridad para la nueva comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la presente legislatura. El debate, eso sí, es quizá el más polarizante para la UE, además con una Eurocámara mucho más dividida que en otros lustros.
Otros dos gobiernos que tienen la migración como prioridad son el húngaro y el polaco. De hecho, los centros son una posibilidad que acepta de buen grado también Viktor Orbán. El primer ministro húngaro lo dejó claro la pasada semana en el Parlamento Europeo. “La única migración que no se queda es la que no entra”, apuntó, alegando que esta posibilidad la defiende su país desde hace años; una década, en concreto, pues en 2015 Hungría terminó la construcción de 175 kilómetros de concertina en la frontera con Serbia para impedir la entrada de migrantes. Al mismo tiempo, Orbán propone cumbres regulares del espacio Schengen para “adoptar posiciones comunes”.
¿Y en Polonia? Se esperaba un planteamiento más amable por parte de Donald Tusk, pero su mirada se posa sobre Bielorrusia y la posible influencia de Moscú, que puede usar de nuevo la migración como herramienta de presión. “Es nuestro derecho y nuestro deber proteger la frontera polaca y europea”, aseveró el primer ministro que, en cambio, ve como “inaceptable” el mayor control de fronteras colocado por Alemania; la idea de Tusk tiene más que ver con la geopolítica que con la migración que llega del flanco sur. Finlandia aprobó hace meses una ley en el mismo sentido que Varsovia, y las ONG avisan de que es una norma que “va contra los valores de la UE” porque “atenta contra el derecho al asilo”.
Londres, Ruanda y un pacto fallido
Ya fuera de la UE, la apuesta del Reino Unido bajo el Gobierno de Rishi Sunak fue un acuerdo con Ruanda para enviar allí a los migrantes. Con esta nueva ley, oficialmente llamada ‘Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024’ el Gobierno británico pretendía disuadir la llegada de inmigrantes por vía marítima a través del Canal de la Mancha (y evitar así las muertes que se producen en esas travesías) y la entrada ilegal de inmigrantes en Reino Unido, así como su posterior petición de asilo en el país. Tiró de acuerdo con un tercer país… en este caso Ruanda. La firma contemplaba también un pago de hasta 400 millones de euros al país africano.
La derrota de los conservadores en las últimas elecciones y la llegada de Keir Starmer al poder dejaron la ley en el limbo, pero el nuevo primer ministro sí ve como una buena guía los planes precisamente de Meloni, tal como dejó claro hace un mes durante una reunión entre ambos. Londres también necesita agilizar loa acuerdos con Francia en materia migratoria, en especial después de confirmarse la salida del país de la Unión Europea.
Alemania, más control de fronteras
En cuanto al control de fronteras, Alemania lidera el debate, al que se ha sumado también otro país como Suecia. En primer lugar, los controles afectan directamente al espacio Schengen, que es lo que asegura la libertad de movimiento dentro de la UE, pero recae en cada país miembro la gestión de sus fronteras. El paso dado por Berlín estará en vigor al menos durante seis meses y desde el Gobierno aseguran que es una manera de “controlar la inmigración irregular” y de dotar de “seguridad” a los ciudadanos. Estas medidas, recalcó la ministra del Interior, Nancy Faeser, “protegerán contra los graves peligros que plantean el terrorismo islamista y la delincuencia grave”. Eso sí, ya ha habido quejas por parte de los socios fronterizos, como es el caso de Bélgica.
El endurecimiento de los controles fronterizos, sobre el papel, tiene que estar justificado por la existencia de una amenaza para el orden público o para la seguridad del país en cuestión, y Alemania cree que ambos puntos se cumplen ahora mismo, sobre todo después de los últimos ataques islamistas. Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Suiza son los países con los que Alemania comparte fronteras (y solo Reino Unido no forma parte de Schengen) y desde el inicio del refuerzo se avisó a los ciudadanos que se podrán producir grandes atascos por carretera y también retrasos en los movimientos ferroviarios.
En España, el cierre de fronteras no es una opción que contemple el Gobierno español para controlar la presión migratoria irregular, tal y como indicó esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “La libertad de circulación es un principio básico”, indicó, recordando a su vez que España solo ha recurrido a estos controles en circunstancias muy puntuales y de seguridad como en la cumbre de la OTAN o para controlar la pandemia de la covid. Sánchez, eso sí, ha ido modificando su mensaje en las últimas semanas y quiere que se adelante la aplicación del pacto migratorio de la UE, previsto para 2026. Esa idea también la ve Von der Leyen con buenos ojos.
Todo esto, con ese acuerdo migratorio a nivel UE que todavía no está en funcionamiento y que, de momento, no convence a casi nadie. En total, el pacto está formado por cinco reglamentos que, además, se habían negociado por separado aunque, evidentemente, en la votación final se entendieron como un todo: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo.
Quizá la base del pacto sea la llamada “solidaridad obligatoria pero flexible”: el objetivo es la acogida de 30.000 refugiados al año, pero los Estados miembros pueden no hacerse cargo de su cuota a cambio de unos 20.000 euros por persona en un fondo común que se cree a partir de ahora.
Por otro lado, como pedían socios comunitarios como Italia, Hungría o Polonia, el pacto incluye un refuerzo y un mayor control de las fronteras exteriores. En este sentido, se apuesta por una mayor rapidez en el examen de las solicitudes de asilo y una mejora de la identificación a la llegada, incluida la imagen facial y las huellas dactilares, para los niños a partir de seis años. Asimismo, el acuerdo impone controles de seguridad y sanitarios obligatorios para las personas que entren irregularmente en la Unión Europea. Pero todo esto es ahora mismo solo una teoría… y no es ni mucho menos un tema cerrado a la vista de los acontecimientos.