Washington.- La pasada semana el candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, reveló en varios mítines, en los que prometió la deportación masiva de inmigrantes irregulares, que tiene pensado invocar para este fin la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que se ha usado solo en tiempo de guerra y permite expulsar foráneos sin el debido proceso legal.
Trump usó el escenario de un mitin en Aurora (Colorado), acompañado de fotos de dos supuestos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, para anunciar que echará mano de una ley que está detrás de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de EE.UU.: los campos de internamiento de ciudadanos con raíces japonesas durante la II Guerra Mundial.
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El presidente Franklin D. Roosevelt la usó para privar de libertad de movimiento a familias enteras de ciudadanos o inmigrantes de origen italiano, alemán y principalmente japonés durante la II Guerra Mundial.
En 1988, el Congreso y el presidente republicano Ronald Reagan acordaron reparaciones y emitieron una disculpa por unas detenciones masivas que no requerían orden judicial y unas privaciones de libertad que fueron minimizadas y mantenidas en secreto a una opinión pública enardecida por el ataque a Pearl Harbor de 1941.
Este fin de semana, Trump aseguró que llamará a su plan de deportación masiva de «criminales» inmigrantes «Operación Aurora», en alusión a una ciudad que ha usado en sus proclamas antiinmigrante. El exmandatario ha prometido que si llega al poder detendrá lo que llama una «invasión» de migrantes a través de la frontera sur.
Trump volvió a usar este fin de semana casos de asesinatos y asaltos de pandillas en el que alguno de los imputados son personas indocumentadas para estigmatizar a los migrantes y asegurar falsamente que además de quitar trabajos a los estadounidenses, son más proclives a delinquir, algo que desmienten diversos estudios.
La ley de Enemigos Extranjeros, nacida tras la Guerra de Independencia para luchar contra espionaje y sabotajes británicos, y usada por primera vez en la Guerra de 1812, se puede invocar en casos de «guerra declarada», invasión o «incursión predatoria» en territorio estadounidense.
El presidente podría activar esa ley unilateralmente, sin pasar por el Congreso, en los dos últimos casos, pero su aplicación en el marco de la política migratoria y para tramitar deportaciones no tiene precedentes en la historia del país, ya que la jurisprudencia la reserva en respuesta a actos de bandos beligerantes.
Algunos grupos y políticos conservadores «ven la ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad supercargada para deportar, pero la lectura que proponen de la ley está en contradicción con siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial», según escribió en un análisis Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center.
El año pasado un grupo de congresistas del ala más progresista del Partido Demócrata presentó el proyecto de ley «Vecinos no Enemigos», que tenía como objetivo revocar la ley de Enemigos Extranjeros, la última parte vigente de unos poderes extraordinarios posindependencia que hasta padres fundadores como James Madison o Thomas Jefferson miraban con recelo por considerar algunas partes inconstitucionales.
Trump ha intensificado su retórica xenofóbica, haciéndose eco de casos que han sido vinculados de alguna manera con venezolanos o la banda Tren de Aragua, nacida en los penales caraqueños y a la que se responsabiliza de tráfico de drogas, trata de mujeres y extorsión en varios países de Latinoamérica y que está presente en algunas ciudades estadounidenses, según fuentes policiales.
El candidato republicano ha asegurado que el 5 de noviembre, día de las elecciones, será el «día de la liberación» y que nada más tomar posesión en enero pondrá fin a la «ocupación» del país por parte de inmigrantes indocumentados, que, según estudios, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico del país.
En su primer mandato (2017-2021), Trump ejecutó por la vía del decreto una prohibición de ingreso a personas de países con mayoría musulmana (Yemen, Sudán, Libia, Siria, Irán, Irak o Somalia), aunque pidieran asilo, tuvieran estatus de refugiado o permiso de entrada. La medida fue rechazada por la Justicia tras generar un gran caos y fuertes críticas por violar derechos civiles.
