El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo ha aceptado en el juicio una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública en relación con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
En la vista, que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Nacional, Alejo Morodo ha aceptado, por su parte, una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales, al igual que su padre en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.
La Fiscalía pedía en un principio tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente ha rebajado su solicitud en aplicación de dicho pacto al aplicarles las circunstancias atenuantes de confesión de los hechos. También lo ha hecho por reparación del daño al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con Hacienda.
Las penas asumidas por Raúl Morodo y su hijo Alejo no suponen ingreso en prisión, pero la esposa de este último, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado ha retirado la acusación, se enfrenta todavía a una petición de la Fiscalía de ocho años y medio de cárcel y sigue también acusada por Manos Limpias por dos delitos fiscales.
De esta forma, el juicio continuará respecto a esta última, que ya ha manifestado ante el tribunal este lunes que no se declara culpable de dichos delitos. También seguirá siendo objeto del juicio la petición del fiscal de decomiso de ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita por Alejo Morodo en 2011 y 2012 por más de 340.000 euros y de un inmueble de Madrid, ya que es una cuestión que no ha sido incluida en los acuerdos de conformidad.
En el marco de los mismos, Manos Limpias ha retirado las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal para todos los acusados.
Relaciones con altos cargos de Venezuela
En su escrito de acusación, la fiscal relata que Raúl Morodo entabló relaciones con altos cargos de Venezuela entre 2004 y 2007, años en los que ejerció el cargo de embajador de España, en la época en la que el presidente del Gobierno español era José Luis Rodríguez Zapatero.
Añade que, aprovechándose de esta circunstancia, su hijo Alejo inició en 2007 una supuesta relación contractual con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional presuntamente falsos, que se extendió hasta 2014 y que le generaron cuantiosas rentas.
La fiscal explica que Alejo Morodo “interpuso tres empresas instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades”. Es decir, “constituyó sociedades carentes de medios materiales y personales y de actividad comercial, que interpuso como contratadas por PDVSA, facturando formalmente a nombre de las mismas los supuestos servicios que el acusado prestaría”, siempre según el relato de la fiscal reconocido este lunes por este y su padre en el juicio.
Agrega que Raúl Morodo y Ana Catarina Varandas “participaron en la ejecución de esta ilícita actuación” y el exembajador, además, “también ocultó a la Hacienda pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades”.
