Si Nicole Cantu se encontrara ahora 3 kilómetros más al este o a 1.5 al norte, es decir, en Texas, estaría cometiendo un delito.
Pero aquí, en Sunland Park, un desangelado municipio de Nuevo México, muestra su última adquisición a plena luz del día y junto a una transitada carretera, con la tranquilidad de quien no está violando ninguna regla.
“Hasta tienen bar”, dice sobre el establecimiento del que acaba de salir, agitando una bebida azul pitufo aderezada con tetrahidrocannabinol o THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana.
Desde que en 2022 Nuevo México legalizara la venta recreativa de cannabis, comprar algunas onzas de la planta psicotrópica o sus derivados —algo ilegal, punible con una multa de $2,000 dólares o hasta 18 meses de cárcel, a unos pocos cientos de metros en Texas— es una de las razones por las que decenas de texanos como ella cruzan al día la línea que divide ambos estados.
Mayormente imaginaria, la frontera se vuelve física en la ribera del río Bravo: un alambre de afiladas cuchillas fabricado en grandes bobinas y expandido como un bandoneón, al que se conoce como concertina.
Es la única barrera de ese tipo en todo Estados Unidos.
Y aunque se extiende por apenas kilómetro y medio, se erige como la representación tangible de la profunda división que existe entre estos dos estados vecinos: Nuevo México es un estado liberal gobernado por el Partido Demócrata, mientras Texas es el principal bastión republicano.
Son los dos mundos opuestos que conviven Estados Unidos.
Y las diferencias a uno y otro lado del límite se ven desde la venta de cannabis y las apuestas, hasta los derechos reproductivos y la inmigración.
La marihuana
“Es increíble cómo un límite estatal puede determinar si los ciudadanos de un mismo país tienen o no acceso a algo”, dice en ese sentido Cantu, quien en realidad condujo 20 minutos desde la texana El Paso hasta Fields of Dreams, en Sunland Park, Nuevo México, para hacerse con unas pastillas de goma con cannabinoides.
“Son para mi suegra, una señora de 70 años. Le ayudan a dormir”, sonríe bajo el sol abrasador del mediodía.
Por la tarde escucharé una reflexión similar en boca de James Nichols, cliente de otro negocio del ramo llamado Yerbaviva: “Cruzas la línea y cambia el gobierno, lo que está permitido, las libertades civiles”.
En la zona industrial ubicada entre ambos establecimientos y a pie de las carreteras vecinales contiguas se multiplican las ventas de marihuana.
Se anuncian con banderas verdes ondeantes o neones en forma de hoja de Cannabis sativa. Algunos son negocios familiares, más modestos, otras sucursales ultramodernas de grandes cadenas con presencia en otros estados a los que también llegó la legalización; los hay con drive-thru, donde se puede comprar sin bajar del carro, y los que, con el eslogan Texas Tuesdays, cada martes ofrecen descuentos a quienes muestren un documento de identidad que los acredite como residentes del estado vecino.
Apenas quedan ya locales vacíos y de muchos cuelga el cartel de Coming soon (algo así como “Próxima apertura”).
Según los registros municipales, en Sunland Park, esta ciudad dormitorio de 17,000 habitantes enmarcada por un paisaje de arena y roca, existen más de 30 “dispensarios”. No por nada ya hay quien ya lo llama el “pequeño Ámsterdam” de Nuevo México.
Y en todos esos comercios confirman que la clientela principalmente les llega del estado vecino, en especial del área de El Paso, una urbe de 700,000 habitantes que es gemela de la mexicana Ciudad Juárez.
“En nuestro caso, hasta un 80% vienen de allí”, asegura Jesús Rodríguez, quien atiende en la tienda de su hija, uno de los pocos negocios del sector regentados por una mujer.
“Los texanos aman nuestra libertad, al menos la libertad en este tema”, sonríe tras el mostrador, al mostrarle una imagen de Google Maps con todos los dispensarios marcados y un foro de internet en el que se comenta el tema.
“Sunland Park está viviendo una explosión”, reconoce Christian Lira, sentado en la tienda de Cookies, una empresa con sede en San Francisco y más de 70 establecimientos en seis países.
“Ahora el reto es que la inversión no sea puntual y se multiplique”, añade el exconcejal, quien hoy dirige una consultora empresarial especializada en parte en cannabis.
Y es que no es poco el dinero que mueve la industria: el del cannabis legal se ha vuelto un negocio multimillonario en el estado.
Desde el 1 de abril de 2022, las ventas de marihuana recreativa superaron los $678.4 millones de dólares en Nuevo México, lo que ha supuesto $75 millones más para las arcas estatales, según datos publicados en marzo pasado por la oficina de la gobernadora, Michelle Lujan Grisham.
Sunland Park, al ser el segundo municipio con mayor volumen de ventas ($57.4 millones de dólares) por detrás de Albuquerque, también ha multiplicado su recaudación gracias a la actividad.
“Prevemos que este año fiscal ingresarán al presupuesto general del municipio $5.16 millones que ya empezamos a invertir en mejorar servicios, abrir nuevos puestos en el departamento de bomberos y el de la policía, en aumentar el sueldo a los agentes”, le explica a BBC Mundo el alcalde Javier Perea.
“Pero esto es solo una parte muy pequeña de la visión que tenemos para la comunidad”, aclara el alcalde.
“Queremos desarrollar la economía con el turismo, que haya nuevos restaurantes y hoteles, un cine, un centro de convenciones, y anticipamos que estos nuevos negocios van a promover más nuestra zona de entretenimiento”, explica.
El sector al que se refiere está a la vuelta de la esquina y lo componen hoy por hoy un vetusto parque de atracciones con su montaña rusa y un hipódromo-casino, otro de los destinos de los texanos interesados en una actividad prohibida en su estado: las apuestas.
“Es otro ejemplo de cómo las diferencias entre las leyes de los estados tiene un efecto en el desarrollo de ciertas comunidades como la nuestra”, remata el alcalde Perea.
Las apuestas
Entre diciembre y abril el ambiente debe estar más animado en Sunland Park Racetrack & Casino, pero es un jueves de finales de julio con el termómetro que roza los 40 grados centígrados, los caballos fueron reubicados en algún lugar con una temperatura más compatible con la vida, y la pista de carreras luce abandonada.
Me hospedo en el hotel contiguo, un bloque marrón de cuatro plantas que se erige desnudo en medio de un enorme parking semivacío.
“No pertenecemos al casino”, me aclara la vicegerente general, Nelly Vargas, en recepción.
Aunque sí tienen promociones para los que llegan asiduamente a apostar, como el de una noche gratis cada varias semanas.
Una llamada interrumpe la conversación. Es una “supercliente” texana que quiere conocer las condiciones de la oferta en cuestión, dice Vargas.
Texas es uno de los estados de EE.UU. con las leyes más estrictas con respecto a los juegos de azar. La misma Constitución estatal los prohíbe y están tipificados en el código penal, con escasas excepciones, como por ejemplo la lotería.
Solo existe un casino, el gestionado por la tribu tradicional de los kickapoo en la reserva situada en Del Río, gracias a una ley federal de la década de los 80 que los permite en tierras nativas.
Y aunque haya habido intentos de expandir la actividad al resto del estado, hasta el momento no se ha logrado.
“Es complicado, porque para presentar una enmienda constitucional se necesitan dos tercios de ambas cámaras (del Parlamento estatal)”, le explica a BBC Mundo Clyde Barrow, profesor de ciencia política en la Universidad de Texas-Valle del Río Grande y experto en políticas de apuestas.
“Lo que no quita que no haya voluntad popular”, aclara. “Las encuestas de opinión llevan más de una década mostrando que más de dos tercios de los texanos apoyan la legalización”.
Mientras, calcula que al año gastan en torno a $5,000 millones de dólares en los casinos de los estados circundantes y en Las Vegas. Según un estudio reciente de Eilers & Krejcik Gaming, una firma de análisis de la industria del juego, la cifra asciende a $8,000 millones anuales.
“La regla básica aquí es que quien quiera apostar, saldrá de Texas y buscará el lugar más cercano en el que pueda hacerlo”, subraya el profesor.
“Así, los del área metropolitana de Dallas-Fort Worth acuden a Oklahoma, el principal receptor; los de la zona de Houston, a Luisiana; y los de El Paso y la parte occidental del estado, a Sunland Park, Nuevo México”.
Es hacia el fin de semana cuando ese flujo se hace más evidente. El viernes por la noche, cuando se prenden las luces de la fachada del casino, apenas quedan ya espacios libres en el aparcamiento.
Abortos
Pero el motivo por el que los texanos cruzan la línea estatal no es siempre lúdico.
Dos carteleras colocadas en un punto de la interestatal 10, entre El Paso y Las Cruces, otro municipio de Nuevo México, lo dejan claro.
“Te celebramos en todas tus decisiones”, se lee en la primera. “Honraremos tus decisiones sobre el aborto”, en la segunda.
Las autoridades texanas han impuesto un veto casi total a la interrupción del embarazo tras la derogación en junio de 2022 de ‘Roe contra Wade’, el emblemático fallo que durante cinco décadas garantizó el derecho al aborto en el país, por lo que el aborto pasó a estar regulado por los estados.
Mientras, Nuevo México es el estado más cercano a Texas en el que el procedimiento está permitido; tanto el aborto farmacológico como el quirúrgico siguen siendo legales hasta la semana 24 de gestación.
Como consecuencia, según datos recopilados y publicados por el Instituto Guttmacher, una organización de investigación y defensa de la salud reproductiva, el 70% de los abortos practicados en Nuevo México en 2023 fueron a pacientes texanas.
El centro calcula que fueron más de 14,200 las mujeres que acudieron al estado vecino con ese propósito el año pasado. Y desde 2020 estos procedimientos en Nuevo México se incrementaron un 260%.
“Las pacientes viajan y seguirán viajando allí donde necesiten para abortar”, le dice a BBC Mundo Adrienne Mansanares, presidenta del capítulo regional de Planned Parenthood, una ONG que promueve la salud sexual y reproductiva.
“Empiezan por la clínica más cercana en la que pueden conseguir cita”, explica. “Para quienes llegan del área de El Paso, ofrecemos aborto médico a 75 kilómetros, en Las Cruces, pero si allí no lo logran, siguen por la interestatal 10 hasta Albuquerque, Santa Fe…”, o hasta el siguiente estado, Colorado.
Además, pronto empezará la construcción de un nuevo centro en el condado de Doña Ana, contiguo a Las Cruces.
Mansanares asegura que su organización y otras tres socias llevaban años hablando de la necesidad de reforzar la atención a la salud reproductiva en esta comunidad pequeña y rural que ahora se ve además obligada a asumir la carga de Texas.
“Pero fue decisivo que, en vista de la cantidad de pacientes que llegaban de Texas y toda esa retórica de odio que salía de ese estado, la gobernadora (de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham), se comprometiera con $100 millones para el proyecto”, subraya.
“Tuvimos la suerte de que hubo algo de voluntad política, y es eso lo que al fin y al cabo marca la diferencia entre estos dos estados: en Nuevo México hay financiación pública y mucho apoyo a la salud reproductiva, mientras en Texas se persigue a los proveedores”, explica.
“Aunque en realidad sus gentes no son tan distintas: los texanos apoyan el acceso al aborto. Los funcionarios electos son los que no”, prosigue.
“No es la voluntad pública lo que marca la brecha entre vecinos, es la de los gobiernos”.
La división más literal
Y esa reflexión nos lleva directamente a la concertina que vuelvo a observar en mi ruta de Sunland Park a El Paso, donde tomaré el vuelo de regreso.
Está en territorio texano, justo en la orilla del río Bravo, que en ese punto transcurre entre Texas y Nuevo México, al pie del monte Cristo Rey, coronado por un enorme Jesús en la cruz hasta el que cientos de fieles peregrinan cada último domingo de octubre.
Es uno de los sectores de la frontera en el que más detenciones de inmigrantes se registran.
Hoy no hay vehículo de la Patrulla Fronteriza custodiando la barda, la muestra más tangible del enfoque diametralmente opuesto de ambos gobiernos estatales en materia de inmigración.
La mandó colocar el gobernador texano Gregg Abbott en octubre de 2023.
“No solo estamos levantando barreras entre Texas y México, ahora también nos vemos en la necesidad de fortificar la frontera entre Texas y Nuevo México”, dijo Abbot un año antes de la orden de instalar el alambre.
El republicano ordenó asimismo la creación de un “muro flotante” de boyas con púas en el río Bravo e impulsó la polémica ley SB4, que le permitiría detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados pero que sigue en el limbo jurídico y sin capacidad de entrar en vigor.
Ante su más reciente movimiento, el gobierno de Nuevo México, el único estado de EE.UU. colindante con México que no ha enviado a la Guardia Nacional a la frontera, llamó a Abbott a dejar de lado “la interminable lista de trucos políticos y centrarse en servir a la gente que lo eligió”.
“Nuevo México está dispuesto a asistir si sus socios federales o locales así lo requieren, para garantizar que las personas sean tratadas con compasión y respeto mientras se mantiene la seguridad pública”, dijo Caroline Sweeney, portavoz de la gobernadora Grisham.
La controvertida concertina divide, aunque sea en kilómetro y medio, a dos vecinos dispares y se vuelve así el símbolo de cómo en Estados Unidos conviven dos mundos opuestos.
Estas visiones antagónicas del mismo país se han distanciada cada vez más en los últimos años y puntualmente han alimentado incluso intentos secesionistas, hasta llegar a hablarse de un eventual “divorcio” nacional.
Es lo que se ha denominado la “guerra cultural”, un concepto cuyo uso se expandió en la última década para calificar una batalla ideológica en torno al aborto, la inmigración, la desigualdad social, la identidad, el cambio climático…
Los dos mundos se enfrentarán en las urnas el 5 de noviembre con la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.
No hay dudas de que Texas eligirá a Trump ni de que Nuevo México se decantará por Harris. Los estados más divididos internamente definirán el resultado final.
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