El concepto de un “gobierno pequeño” ha sido durante mucho tiempo un lema de muchos movimientos políticos y económicos, particularmente en los círculos liberales y libertarios. Los defensores del gobierno pequeño argumentan que reducir el tamaño del gobierno y su interferencia conduce a mayores libertades individuales, eficiencia económica e innovación. Sin embargo, hay varios mitos en torno a este concepto que merecen ser analizados. Exploremos algunos de los más prevalentes y desmitifiquémoslos con evidencia y análisis.
Uno de los principales que esgrimen los abanderados de esta idea es que: El gobierno pequeño siempre conduce a crecimiento económico. Bajo la premisa que impuestos más bajos, menos regulaciones y una reducción significativa del gasto público conducen a un mayor crecimiento económico porque las empresas privadas son más eficientes que las burocracias públicas. Sin embargo, los datos históricos y empíricos desafían esta afirmación. Los países escandinavos, conocidos por sus gobiernos relativamente grandes y altos niveles de impuestos, consistentemente ocupan los primeros lugares en términos de PIB per cápita y competitividad global. Según el Foro Económico Mundial, países como Finlandia, Noruega y Suecia tienen economías competitivas junto con sólidos Estados de bienestar.
Por otra parte, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) encontró que el gasto público en áreas clave como la educación, la infraestructura y la salud puede promover el crecimiento económico a largo plazo al mejorar la productividad y crear una fuerza laboral más saludable y educada. Así, la relación entre el tamaño del gobierno y el crecimiento económico es mucho más compleja que el argumento simplista de que «más pequeño es mejor».
Otro mito es que plantean los libertarios y ultraliberales es que: los gobiernos más pequeños conducen automáticamente a más libertades personales. Este argumento se basa en la noción de que la intervención gubernamental restringe las libertades individuales, y que, por lo tanto, minimizar la interferencia del gobierno maximiza la libertad.
Si bien es cierto que el control gubernamental excesivo puede sofocar la libertad, también es evidente que el gobierno juega un papel crucial en garantizar libertades y protecciones básicas. Por ejemplo, sin la regulación gubernamental, las empresas podrían incurrir en prácticas monopólicas, los trabajadores podrían ser explotados y la degradación ambiental podría quedar sin control. Las instituciones gubernamentales fuertes pueden proteger a los individuos de abusos por parte de actores privados más poderosos, asegurando libertades como el derecho a salarios justos, aire limpio y condiciones de trabajo seguras.
Además, los gobiernos pequeños pueden tener dificultades para proporcionar servicios esenciales como la aplicación de la ley, la salud pública y la educación, que son fundamentales para que una persona pueda ejercer sus libertades. Los Estados Unidos, con su sistema gubernamental relativamente descentralizado, enfrenta desafíos para garantizar el acceso equitativo a la atención médica y la educación en todo el país. En contraste, los países con sectores públicos más sólidos tienden a obtener mejores puntuaciones en los índices de libertad personal debido a su capacidad para ofrecer acceso equitativo a los bienes públicos.
A menudo se afirma que los gobiernos más pequeños tienen menos espacio para la corrupción, ya que hay menos funcionarios y menos regulaciones para manipular. Sin embargo, este argumento pasa por alto el hecho de que la corrupción no es una función del tamaño del gobierno, sino de la calidad institucional.
De hecho, los mercados mal regulados pueden generar tanta corrupción como los gobiernos mal regulados. En países con instituciones débiles, el sector privado puede ejercer una influencia indebida sobre los procesos políticos, lo que conduce a la captura regulatoria, donde las empresas dictan políticas en detrimento del bienestar público. La crisis financiera de 2008 es un buen ejemplo, donde la regulación laxa en el sector financiero contribuyó al colapso casi total de la economía global.
Países como Dinamarca y Nueva Zelanda, que tienen gobiernos relativamente grandes, pero instituciones fuertes y transparentes, consistentemente se ubican entre las naciones menos corruptas del mundo. Esto indica que lo que importa no es el tamaño del gobierno, sino la fortaleza de sus instituciones y la aplicación de las leyes.
Los defensores del gobierno pequeño a menudo afirman que reducir la participación del Estado estimula la innovación al liberar al sector privado de la burocracia. Si bien es cierto que el exceso de regulación puede sofocar la innovación, la participación gubernamental ha sido históricamente crucial para las innovaciones revolucionarias.
Muchos de los avances tecnológicos que definen las economías modernas, como internet, el GPS y las tecnologías de energía renovable, fueron financiados por iniciativas de investigación y desarrollo del gobierno. El gobierno de los EE. UU., por ejemplo, ha desempeñado un papel vital en el fomento de la innovación a través de agencias como DARPA y NASA.
Además, la innovación del sector privado a menudo se basa en investigaciones financiadas con fondos públicos. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research) encontró que la I+D financiada por el gobierno tiende a complementar, en lugar de reemplazar, la inversión del sector privado, creando una sinergia que impulsa una mayor innovación general.
El rol del Estado en América Latina y la República Dominicana
El Consenso de Washington, a partir de la década de los 1990, con el cierre del telón de la Guerra Fría, vendió la idea a los países de América Latina y el Caribe de que el Estado debía jugar un papel menos estelar en la economía para alcanzar la eficiencia de la administración pública mediante una ola de privatizaciones, con el objetivo de catalizar el crecimiento y desarrollo económico sostenido. Sin embargo, la realidad es que, en América Latina y el Caribe, nunca hemos tenido un rol determinante del Estado. Primero, porque los Estados latinoamericanos nunca han garantizado derechos fundamentales. Segundo, porque siempre han estado secuestrados por élites que históricamente se han beneficiado de su ineficiencia para robustecer sus arcas mercuriales.
De igual manera, sin el rol del Estado en la planificación del desarrollo económico, este nunca será posible. Los países nórdicos y los tigres asiáticos se desarrollaron gracias a la planificación del Estado en el diseño de estrategias para desarrollar sectores claves que les permitieran participar en la cadena de valor global, trabajando de manera conjunta con el sector privado. Por tal razón, hoy en día, estos países disfrutan de los mejores índices de desarrollo humano y bienestar económico. Todo esto fue posible gracias a un rol estelar del Estado.
El único plan de planificación económica que tuvo América Latina fue la implementación del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en las décadas de 1940 y 1950. Este consistió en abocarse a un proceso de industrialización para fortalecer el mercado interno, pero que no añadió valor a las materias primas para exportar, y terminó siendo un fracaso, simplemente porque en la región nunca hemos tenido un rol estelar del Estado, como hemos expresado anteriormente.
Recientemente, el gobierno de la República Dominicana ha decidido fusionar y eliminar algunas instituciones que, en definitiva, inducen a la duplicidad de funciones, y con esto se busca mejorar la calidad del gasto. Sin embargo, la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con el Ministerio de Hacienda (MH), desde nuestro punto de vista, no nos parece correcta. Primero, el MEPyD tiene un rol de planificación, mientras que Hacienda tiene un rol de ejecución. Además, la ley 496-06 que creó el MEPyD le otorga las siguientes atribuciones: a) Conducir y coordinar el proceso de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible; b) Ser el Órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento y la Ordenación del territorio; c) Formular la Estrategia de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, incluyendo la coordinación necesaria a nivel municipal, provincial, regional, nacional y sectorial, para garantizar la debida coherencia global entre políticas, planes, programas y acciones, entre otras atribuciones. Otorgarle todas esas atribuciones, funciones y todas las instituciones adscritas que posee ese ministerio al Ministerio de Hacienda crearía un monstruo burocrático que perdería agilidad en la elaboración de los planes de desarrollo del país.
Brasil, la economía más grande América Latina y el Caribe, es un claro ejemplo de que la fusión de ambos ministerios no ha sido efectiva, por lo cual ha tenido que desintegrarlo en tres ocasiones. En el caso de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, ambas entidades se encuentran separadas. El Departamento del Tesoro, que sería el equivalente al Ministerio de Hacienda, se encarga de los temas financieros, y el Departamento de Comercio, que es el equivalente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se encarga de coordinar la política económica y la planificación de las políticas públicas.
En conclusión, la idea de un gobierno pequeño se basa en un conjunto de mitos atractivos: que conduce al crecimiento económico, a la libertad personal, a la responsabilidad fiscal, a menos corrupción y a más innovación. Sin embargo, la evidencia muestra que la realidad es mucho más compleja. Un gobierno que funcione bien—ya sea grande o pequeño—debe estar caracterizado por instituciones fuertes, un gasto público eficiente y un compromiso con la protección del bienestar público. En lugar de centrarse únicamente en el tamaño, la calidad y el papel del gobierno en fomentar una sociedad justa y próspera deben ser la preocupación central.
Referencias:
- World Economic Forum. «The Global Competitiveness Report 2020.» WEF.
- IMF. “Fiscal Policy and Long-term Growth.” IMF Working Paper, 2015.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). «Government at a Glance 2021.»
- Transparency International. «Corruption Perceptions Index 2021.»
- Mazzucato, Mariana. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. 2013.
- Ley 496-06.
