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Altagracia Salazar
Participación Ciudadana emitió un documento con las precisiones de lo que establece la ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento y la necesaria aplicación del régimen de consecuencias para que funcionarios designados y electos no se burlen de la ciudadanía.
Hoy es noticia de primera plana que el presidente de la República otorgó un plazo de 15 días a los funcionarios de su administración para que depositen la citada declaración y les advierte serán suspendidos y o cancelados en caso de no hacerlo.
Pero eso no es lo que dice la ley y las decisiones del presidente de la República no pueden estar por encima de la ley y mucho menos el mismo día en que utiliza el foro de las naciones unidas para abogar por que se fortalezca la lucha contra la corrupción.
No hay mayor lucha contra la corrupción que cumplir la ley, no importa la ley que se hable.
Hay que recordar que contrario a los funcionarios designados el 16 de agosto, los legisladores por ejemplo, sabían hace cuatro largos meses que tenían que hacer esa declaración. Cuatro largos meses.
Los pocos legisladores que lo hicieron a tiempo indicaron que no fue difícil y la Cámara de Cuentas se cansó de explicar que no ha habido cambios en la ley ni en los requerimientos. Pero los honorables prefirieron montar una campaña contra el órgano intentando convertirse en víctimas.
Lo que corresponde frente a los funcionarios que no cumplieron con la declaración y que no han iniciado el proceso es que se clasifique como “Declaración Tardía” y que se remita al MP para una investigación.
PC le ha solicitado a la Cámara de Cuentas informar a la ciudadanía si se ha cumplido con la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público y a los funcionarios encargados de aplicar la sanción de retener el salario hasta el debido cumplimiento, sin renunciar a las acciones penales que prevé la norma en caso de falsedad de la información contenida en la declaración.
Hay que decir que solo una solicitud de investigación de un legislador o funcionario electo por negarse a declarar sus bienes es una noticia y hay que sentarse a esperarla.
