Un nuevo informe revela que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York ha fallado en sancionar a los oficiales que realizan detenciones y registros ilegales.
Una táctica conocida como “Stop and Frisk” o parar y revisar que según este documento se usa desproporcionadamente contra afroamericanos y latinos.
“Yo creo que tanto ellos como policía como el civil también, se merecen respeto”, dice Manuel Caravantes, residente de Far Rockaways.
El informe, ordenado por la jueza del tribunal federal de Manhattan, Analisa Torres, indica que los comisionados han reducido o eliminado sanciones en la última década.
El documento muestra que incluso tras el fallo judicial de 2013 que declaró inconstitucional el Stop and frisk, el NYPD ha implementado pocos castigos, y rara vez aplica los tres días de sanción establecidos en 2021 para oficiales que realizan detenciones y registros ilegales.
“Sería como algo algún tipo de abuso de autoridad, ¿tal vez?, se pregunta Josué Ramírez, residente de Queens.
En el informe analizaron 224 acusaciones confirmadas de mala conducta durante detenciones y registros desde junio de 2021 hasta marzo de 2022, que involucraron a 91 oficiales.
De los 61 casos resueltos al momento de la redacción del reporte solo 10 oficiales fueron sancionados.
En paralelo, en un reporte de publicado en junio por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, resaltan que bajo la administración de Adams, el NYPD aumentó el uso de “Stop and Frisk”, con más de 6, 100 detenciones en el primer trimestre de 2024, casi un 50% más que a fines de 2023.
Solo el 6% de los detenidos eran blancos, mientras que el 59% eran afroamericamos, y el 32% latinos.
“El resultado de un aumento de stop and frisk y el hecho de qué no quiera disciplinar a sus agentes cuando hay mala conducta es una cultura es una cultura de impunidad”, asegura la abogada Lupe Victoria Aguirre.
Esto ocurre en un momento crítico para el NYPD tras la renuncia del comisionado Edward Caban.
Aunque él no ha sido acusado de ningún delito, Caban fue criticado por frenar más de 50 casos disciplinarios, impidiendo su evaluación y sanción en los tribunales internos, según un análisis de ProPublica publicado por el New York Times en junio.
“La prioridad del departamento y de la corte debe ser en remediar estos problemas son estamos hablando de los derechos de gente marginalizada”agrega Aguirre.
Por su parte, un portavoz del NYPD nos dijo por correo electrónico, “Revisarán el informe y proporcionarán comentarios de acuerdo con la orden de la Corte.
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