La contratación de los servicios de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L. tuvo un aumento del valor original presentado de 1,200 millones de pesos a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, donde se emitieron documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, así como modificaciones a través de actos administrativos de manera extemporánea y sin la debida aprobación.
Diario Libre tuvo acceso al informe de auditoría especial del “Proceso de contratación de los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control de tráfico y la red semafórica del gran Santo Domingo, con la empresa Transcore Latam, S.R.L”, elaborado por la Contraloría General de la República, analizando el periodo que va desde febrero de 2023 a junio de 2024.
Dicho reporte describe que, “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales han sido descritas a lo largo del presente informe, que motivaron denuncias de empresas competidoras a Transcore Latam, SRL (la seleccionada), y que provocaron la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, quien ordenó la suspensión del proceso de adjudicación”.
Para sustentar la auditoría, la Contraloría realizó, en adición al examen documental y al levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas personales a los principales protagonistas del proceso, entre los que se cuentan: Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
En sus conclusiones, la Unidad Antifraude consideró que hubo “violación al debido proceso instaurado por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, al comprobarse:
- a) documentos emitidos durante el proceso que no contaron con la aprobación de los miembros del comité de compras y contrataciones;
- b) modificaciones al pliego de condiciones a través de actos administrativos de manera extemporánea y sin la aprobación del órgano competente;
- c) respuestas parciales a las inquietudes presentadas por los oferentes;
- d) otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizan los requisitos técnicos exigidos;
- e) emisión de informes periciales definitivos aprobados por el comité de compras con base en informes técnicos parciales que contienen datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que denotaron un trato privilegiado al oferente”.
Ejecución total al 20 %
Aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura indicando que este proyecto se encontraba en un 90 % de ejecución, la auditoría determinó que el avance total fue apenas de un 20 %.
Para sustentarlo, el texto indica que, solo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica y en el Distrito Nacional; de los reguladores semafóricos, solo se instalaron 80 de los 335 contratados. Se instalaron 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección. El cableado de red en algunas intersecciones no está completo o los dispositivos estaban desconectados.
Por otro lado, solo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha.
“Considerando estos puntos en porcentaje general de terminación de este proyecto no se puede garantizar más allá de un 20 % de ejecución del contrato. Todos los elementos se encuentran incompletos y ofreciendo pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”, señala.
Recomendaciones oficiales
La Contraloría explica que, “lo más conveniente sería resolver la contratación, a fin de evitar un daño irreparable e irreversible, y al efecto procede organizar una nueva licitación que incluya consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplan los requerimientos para tales fines, y en esta ocasión procurar que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo del Intrant, por seguridad nacional”. Del mismo modo, pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes, sufran las consecuencias estipuladas en éstas”.