Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para manifestar su apoyo o rechazo a las 11 preguntas de la consulta popular impulsadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La mayoría de los interrogantes están relacionados con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos.
Ecuador está pasando por una profunda crisis de seguridad pública, registrando alrededor de 8,000 muertes violentas en 2023, la mayor tasa de homicidios en América Latina.
Pero también hay otras preguntas que han generado polémica como la de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
Aunque a inicios de marzo Noboa era el presidente con mayor popularidad en Sudamérica, 62,5% según la encuesta de CB Consultora, las primeras semanas de abril no han sido fáciles para el mandatario, quien se juega gran parte de su capital político este domingo.
El asalto a la embajada de México en Quito (que ocurrió el viernes 5 con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas) le trajo algunos costos importantes, como el quiebre de relaciones diplomáticas con el país liderado por Andrés Manuel López Obrador, la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el cierre por parte de Venezuela de su embajada y consulados en Ecuador.
Además, la nación andina está sufriendo una grave crisis energética que ha llevado a Noboa a declarar emergencia en el sector eléctrico, a realizar “racionamientos temporales” (con cortes de hasta 5 horas al día), y a suspender durante dos días la jornada laboral (jueves 18 y viernes 19 de abril).
Aquí te contamos qué está en juego con la consulta popular y qué podría implicar para Ecuador la aprobación de las reformas que se plantean.
1. Militarización, extradición y endurecimiento de las penas
Desde que se intensificó la violencia en Ecuador, hace unos cinco años, las autoridades de ese país han decretado estados de excepción de forma regular con el fin de que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía a combatir el crimen organizado.
Una de los objetivos de la consulta popular es que se permita el apoyo complementario de los militares a las policías sin la necesidad de decretar estados de excepción.
Para ello, se necesitaría una reforma parcial de la Constitución ecuatoriana. De aprobarse, las Fuerzas Armadas podrían dar su apoyo por un período de 180 días (más otros 30 prorrogables).
En palabras de Noboa, los ecuatorianos requieren “reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad”.
“Este proceso solamente puede continuar, puede sostenerse si le damos a la policía y a las fuerzas armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular”, señaló el presidente
Sin embargo, la medida ha generado ciertas dudas.
Jorge Núñez, cofundador del centro Kaleidos en la Universidad de Cuenca -que en 2021 elaboró un diagnóstico de las cárceles ecuatorianas-, asegura que es “un error”.
“En los últimos meses hemos visto que la militarización de las ciudades no funciona. Es tratar de apagar el fuego con gasolina”, le dice a BBC Mundo.
Por su parte, el sociólogo e investigador del programa de sociología política de Flacso en Ecuador, Franklin Ramírez, plantea preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos.
“Me parece complicadísimo. Desde el 9 de enero de 2024, cuando se decretó el conflicto armado interno en Ecuador, se han multiplicado las denuncias en contra de las policías y fuerzas armadas con respecto al uso de la fuerza y la violencia en contra de las poblaciones más empobrecidas”, advierte en conversación con BBC Mundo.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, también ha manifestado preocupación por esta medida, advirtiendo que los militares en las calles pueden hacer “lo que se les dé la gana”.
En una declaración pública, la Conaie señaló que “el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles”.
Una mirada distinta tiene Matías Abad, columnista y académico de la Universidad del Azuay, quien asegura que los militares sí pueden ser un buen apoyo para las policías en estos momentos convulsos que vive el país.
“Las fuerzas armadas pueden hacer un aporte positivo al trabajar de manera conjunta con la policía en temas como inteligencia. Pueden hacer equipo, compartir información, trazar estrategias y operativos de trabajo conjunto en contra de los grupos delincuenciales organizados”, le explica a BBC Mundo.
Otra de las preguntas de la consulta popular relativa a la seguridad tiene que ver con las penas de los delitos.
Los ecuatorianos deberán responder si están o no de acuerdo con que se incrementen estas penas en casos como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas o tráfico de armas, entre otros.
Para ello, el país tendría que reformar el Código Orgánico Integral Penal.
Una vez más, para Jorge Nuñez, quien también es codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador y profesor asistente de la Universidad de Ámsterdam, esta medida es equivocada.
“Sabemos que el incremento de las penas no necesariamente soluciona o disminuye la criminalidad”, dice.
“Lo que realmente hace es poner mucha más presión en los sistemas de cárceles y hacerlos más costosos. Si el Ecuador no tiene control de sus cárceles, ¿por qué esta podría ser una buena medida?”, se pregunta.
“Lo único que estamos haciendo es agravar el problema”, añade.
Del otro lado, hay quienes defienden la medida indicando que podría ser efectiva para cierto tipo de delitos.
“Hay gente que señala que se trata de un tema de populismo penal, pero creo que si sumamos todos los elementos, es decir, le damos más competencia a las fuerzas armadas y fortalecemos el sistema penitenciario, el aumentar las penas podría tener un impacto positivo, sobre todo en cierto tipo de delitos que hoy son mucho más frecuente como el lavado de activos y la minería ilegal”, indica Matías Abad.
Por otra parte, los electores deberán decidir si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.
La extradición ya fue rechazada en la anterior consulta popular promovida por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador se ha agravado aún más en el último año.
Daniel Noboa ha hecho hincapié en la necesidad de implementar esta medida con el fin de extraditar a “los más peligrosos”.
Algo en lo que coincide Matías Abad, quien recientemente ocupó el cargo de gobernador de Azuay donde le tocó trabajar de cerca con las fuerzas de seguridad.
Para él, esta política “incomoda” a los grupos delincuenciales y líderes de las bandas.
“Eso quiere decir que esto va a generar una herramienta adicional para poder combatir al crimen. Especialmente bajo el sistema carcelario actual porque ir a la cárcel hoy no limita la actividad delictiva”, asegura.
El investigador Franklin Ramírez, en tanto, reconoce que puede ser una “herramienta que haga pensar a los capos que van a enfrentar una justicia más eficiente”.
“Pero tampoco va a ser la llave que deshaga los nudos de la lucha contra la inseguridad”, añade.
Este último punto es compartido por el antropólogo Jorge Núñez.
“Lo que debe saber la ciudadanía es que incluso si la extradición se implementa, los procesos toman tiempo porque se necesita una concordancia jurídica entre los países”, dice.
“No es una solución a los problemas de violencia. Suena como un gran paso pero en realidad no lo es”, agrega.
Desde la oposición ecuatoriana han asegurado que los temas relativos a la seguridad que serán votados en la consulta popular ya se estaban tratando en la Asamblea Nacional.
Por lo tanto, han insistido en que el referendo es “innecesario”.
2. Flexibilidad laboral y arbitraje internacional
Pero más allá de los temas relativos a la seguridad, la consulta popular también entra en otros tópicos.
Uno de ellos tiene que ver con reformar el Código de Trabajo ecuatoriano para legalizar el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, algo que la Constitución actual de ese país no considera válido.
Este se podría aplicar cuando se celebre por primera vez un contrato entre un empleador y un trabajador.
De acuerdo con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, esto le dará la posibilidad de ingresar al mercado formal a “más del 70% de la población económicamente activa, que no tiene empleo pleno ni directo”, dijo en una entrevista con el diario El Universo.
Entre los considerandos de la papeleta que se someterá a votación, se indica que “la situación de empleo en el Ecuador requiere adoptar medidas para generar nuevas modalidades y plazas de trabajo; sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los trabajadores”.
Sin embargo, desde la oposición a Noboa plantean dudas al respecto.
“Va a traer más pobreza, contracción de economía y precarización laboral. No nos olvidemos que antes del 2008 ya teníamos ese sistema laboral. Nunca generó empleo”, señaló Luisa González, la excandidata presidencial correísta (la mayor fuerza opositora que responde al ex presidente Rafael Correa), en una entrevista con radio Huancavilca.
Jorge Núñez también cree que aumentará la “precarización laboral”.
“Esto no va a generar mercados más dinámicos. El problema de Ecuador es el empleo adecuado. Hay un 60% de comercio informal y ellos son los que se van a ver más vulnerados”, dice.
“Entonces va a generar el objetivo contrario del que se busca: un engrosamiento de la economía informal”, añade.
Por su parte, Matías Abad afirma que la normativa de trabajo actual es “anacrónica” y no regula las nuevas “dinámicas” laborales.
“Entonces creo que esta es una oportunidad para que algunos segmentos tengan más opciones de trabajo. Por ejemplo, los estudiantes. Y desde la perspectiva de la empresa, se va a generar un incentivo para contratar”, afirma.
Los ecuatorianos también tendrán que manifestar su opción frente a una pregunta sobre arbitraje internacional.
“¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”, señala la papeleta.
Según el gobierno de Noboa, esta disposición tiene como fin proteger a los inversionistas extranjeros mediante instrumentos internacionales y la previsión de arbitrajes para la resolución de eventuales conflictos.
“Votar Sí en la pregunta de arbitraje internacional, es votar por más inversión extranjera en el país”, dijo el viceministro de gobierno, Esteban Torres, en una entrevista con el programa Hora 25.
El doctor en Jurisprudencia y exjuez de la Corte Constitucional de Ecuador, Ramiro Ávila Santamaría, escribió en una columna publicada por el medio GK que la Constitución actual ecuatoriana prohíbe el arbitraje pues se consideró que “el Estado se pone en situación de vulnerabilidad frente a agentes privados transnacionales”.
El académico explicó que la reforma planteada en la consulta popular eliminaría esta prohibición y pondría en “igualdad de condiciones” a los Estados y las corporaciones privadas y que, por lo tanto, se debilitaría al Estado ecuatoriano.
Pero Matías Abad indica que “si Ecuador quiere recibir más inversión extranjera, se necesitan ciertos tipos de mecanismos que den seguridad jurídica y estabilidad”.
“Sin duda el arbitraje dará esa confianza y disminuirá el riesgo país”, indica.
3. Futuro político de Daniel Noboa
Cuando Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador, en octubre del año pasado, sabía que su período al mando del país iba a ser corto: sólo hasta mayo del 2025.
Esto, porque el mandatario saliente de ese momento, Guillermo Lasso, convocó a elecciones anticipadas, cuando la Asamblea Legislativa debatía un juicio político en su contra.
Pero en febrero, Daniel Noboa anunció lo que ya muchos anticipaban: que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de febrero de 2025.
Lo anterior ha generado que esta consulta popular sea interpretada por muchos analistas como una especie de “trampolín electoral” con el que Noboa busca fortalecerse de cara a la elección presidencial si es que la gana.
Pero también es vista como una especie de referendo a su gestión.
“Noboa lleva mucho tiempo hablando de una consulta popular. En la lógica de ‘candidato-presidente’ acudir a un mecanismo plebiscitario era, según los cálculos presidenciales, una buena plataforma de comunicación política”, señala el investigador de Flacso Franklin Ramírez.
De acuerdo con los analistas, en las últimas semanas -y dentro de esta la lógica electoral- el mandatario ha intentado transmitir una imagen de “mano dura” y carácter fuerte frente al crimen organizado.
Para Ramírez, lo más importante es que si gana el Sí con fuerza, “se van a caer sus adversarios de derecha y se le podría despejar el camino electoral”.
Una opinión similar tiene Jorge Núñez.
“La consulta puede ser vista como las primarias de la derecha. Si gana, todas esas facciones van a aceptar a Noboa como su líder”.
“Es la prueba de fuego para el presidente”, agrega.
No obstante, el asalto a la embajada de México en Ecuador y la crisis energética podrían restarle votos.
Para los expertos, esto podría ser muy dañino pensando en su futuro electoral.
“Si pierde la consulta, sería un golpe muy fuerte”, dice Matías Abad.
“El verdadero riesgo es que su imagen se hunda y dé espacio a nuevas figuras que aspiran a ocupar el mismo espacio ideológico del presidente”, agrega el exgobernador.
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